USHUAIA.- El Consejo Provincial de Medio Ambiente de Tierra del Fuego formalizó su posición mediante el Dictamen CPMA N°01/2026, fechado este 7 de abril. En el documento, la entidad desestimó la viabilidad de los cambios propuestos para la Ley Nacional N°26.639, que fija los presupuestos mínimos para la preservación de los glaciares. La notificación ya fue remitida de manera oficial a los diputados y senadores nacionales que representan a la provincia, quienes ahora tienen conocimiento directo de la resistencia que genera esta iniciativa en el ámbito local.
La normativa vigente está diseñada para resguardar a estas masas de hielo como fuentes fundamentales de agua potable y nichos de biodiversidad, además de proteger su importancia para la ciencia y el turismo. El órgano asesor remarcó que, frente a la actual crisis climática y la progresiva falta de agua, es imperativo sostener los fundamentos técnicos y legales de la ley actual. En ese sentido, los consejeros indicaron que no es momento de relajar los controles ni de permitir reformas que disminuyan los estándares de cuidado ambiental ya alcanzados.
El proyecto que genera la controversia fue impulsado por el Gobierno Nacional y ya cuenta con la aprobación del Senado. Durante su posterior tratamiento en la Cámara de Diputados, se convocó a una audiencia pública los días 25 y 26 de marzo pasados. Si bien el encuentro registró una cifra récord de más de 100 mil oradores anotados, la participación efectiva en el recinto no llegó a completar el 1 por ciento del listado original, un dato que el Consejo incluyó para contextualizar el debate parlamentario reciente.
Ante este panorama, el dictamen hace hincapié en el cumplimiento del Acuerdo de Escazú, ratificado por Argentina bajo la Ley 27.566. Este tratado internacional obliga al Estado a asegurar que la ciudadanía participe de forma real y efectiva en las definiciones que impactan sobre el entorno natural. Por tal motivo, el organismo fueguino advirtió que el Congreso de la Nación no debería dar curso a transformaciones que resulten regresivas, apelando a principios jurídicos que impiden el retroceso en la protección de los ecosistemas vulnerables.
Cabe recordar que el Consejo Provincial de Medio Ambiente funciona bajo la órbita del Ministerio de Producción y Ambiente y reúne a un amplio abanico de voces técnicas. Su composición integra a representantes universitarios, especialistas de organismos científicos, delegados municipales y referentes de diversas ONG dedicadas al activismo ecológico. Esta diversidad de actores busca garantizar que las decisiones provinciales en materia de recursos naturales cuenten con un sólido respaldo institucional y académico.