Ushuaia en crisis: mientras la Provincia demora fondos, el Municipio pide poderes de emergencia para tapar el agujero

El Municipio de Ushuaia formalizó el envío de un proyecto de ordenanza para declarar la Emergencia Económica y Financiera por el plazo de seis meses, en medio de un escenario de caída de ingresos, retrasos en la coparticipación y un creciente desorden en las cuentas públicas.

Desde el Ejecutivo local aseguran que la situación se agravó por las demoras del Gobierno provincial en la remisión de fondos, que —según indicaron— ya superan los 12 mil millones de pesos. La falta de previsibilidad en esos giros, con retrasos que rondan los 40 días, impacta directamente en la liquidez del Municipio y complica el funcionamiento cotidiano.

Sin embargo, la respuesta oficial no se limita a denunciar a la Provincia. El proyecto también busca otorgar al intendente mayores facultades para maniobrar en un contexto crítico: podrá renegociar, adecuar o rescindir contratos y concesiones, refinanciar deudas con proveedores y reestructurar partidas presupuestarias según la evolución de la crisis.

Además, la iniciativa contempla la suspensión de nuevas incorporaciones de personal, salvo en áreas esenciales, y habilita al Ejecutivo a gestionar nuevas fuentes de financiamiento. En los hechos, se trata de un paquete de herramientas que amplía el margen de acción del Municipio, pero que también abre interrogantes sobre el nivel de control político y el impacto sobre trabajadores y proveedores.

El secretario de Gobierno, Sebastián Iriarte, justificó la medida al señalar que el escenario responde a “una situación económica y financiera excepcional”, marcada por la caída de la actividad, la pérdida del poder adquisitivo y un fuerte desfasaje entre lo proyectado en el presupuesto y la realidad.

Según datos oficiales, los ingresos por coparticipación registraron en enero una caída nominal del 5% respecto al mismo mes de 2025, lo que implica una pérdida real cercana al 38% en términos de financiamiento. A eso se suma la falta de una ley de goteo que garantice la llegada regular de los recursos provinciales.

Pero mientras el Municipio apunta a la Provincia por la demora en los fondos, la decisión de avanzar con una emergencia también expone problemas propios de gestión. La necesidad de reestructurar partidas y renegociar compromisos refleja un esquema financiero tensionado, donde el margen de maniobra se achica y las decisiones empiezan a tener costo político.

En este contexto, la crisis ya no es solo un problema de números. Es también una disputa de responsabilidades entre dos niveles de gobierno que se señalan mutuamente, mientras el impacto comienza a trasladarse a la administración diaria, los servicios y el empleo público.

El Concejo Deliberante tendrá ahora la última palabra. Allí se definirá no solo si se aprueba la emergencia, sino también hasta qué punto se avala un esquema que combina fondos que no llegan, cuentas que no cierran y un poder político que busca ampliarse en medio de la tormenta.