“La manda judicial va a ser desarmar el radar o dejarlo obsoleto”, señaló Solís

En diálogo con La Mañana del Pueblo, el funcionario explicó que el conflicto se desarrolla en dos vías. Por un lado, la ejecución fiscal por la multa aplicada a la empresa ya cuenta con sentencia favorable al Municipio. “Ganamos el juicio respecto a la multa, que ronda el millón y medio de pesos con intereses”, indicó, y confirmó que, ante la falta de pago, se encuentran trabajando en medidas para garantizar el cumplimiento, entre ellas el embargo de cuentas.

En paralelo, la cuestión de fondo —la permanencia del radar— quedó en manos del Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego, que asumió la competencia tras el planteo de incompetencia del juzgado local. Según detalló Solís, el máximo órgano judicial recondujo el expediente a un proceso contencioso administrativo, donde se analiza la legalidad del acto municipal que ordena la demolición.

“El 1 de abril la empresa fue notificada y ahora está en plazo para contestar la demanda. Si no lo hace, será declarada en rebeldía y el proceso continuará”, explicó. En caso de que exista respuesta, se abrirá una etapa probatoria donde ambas partes deberán presentar sus argumentos y pruebas antes de que el tribunal resuelva sobre el fondo de la cuestión.

El eje del planteo municipal se basa en que la empresa avanzó con la construcción sin contar con la debida autorización dentro del ejido urbano. “Ellos iniciaron una construcción sin autorización y, pese a la clausura preventiva que realizamos en 2023, continuaron con la obra”, remarcó el funcionario.

En ese sentido, Solís subrayó que la actuación del Municipio se enmarca estrictamente en el cumplimiento de las ordenanzas vigentes y en el respeto de los procedimientos legales. “Fuimos muy respetuosos de cada etapa, agotando todas las vías administrativas para evitar cualquier tipo de nulidad futura”, sostuvo.

Respecto del desenlace esperado, fue contundente: “La manda judicial va a ser desarmar el radar o dejarlo en estado obsoleto con certificación técnica, para que la comunidad se quede tranquila”. Así, el funcionario vinculó el caso no solo con una cuestión administrativa, sino también con una preocupación más amplia vinculada a la soberanía y al impacto del proyecto en la provincia.

Mientras se aguarda la respuesta de la empresa y los próximos pasos judiciales, el proceso se encamina hacia una definición que será determinante para el futuro del radar en Tolhuin.