En declaraciones a FM Provincia, Gracianía sostuvo que existe una interpretación “errónea y alarmista” en torno a la medida impulsada por el Gobierno nacional, que crea el denominado Régimen de Aduana en Factoría (RAF). Según explicó, el objetivo del decreto es mejorar la competitividad de las empresas del continente mediante facilidades para la importación de insumos, pero sin afectar los beneficios diferenciales que rigen en el territorio fueguino.
“De ninguna manera esto implica el fin del subrégimen industrial ni una equiparación con el continente”, afirmó la legisladora, al tiempo que remarcó que los incentivos que otorga la provincia en el marco de la Ley 19.640 continúan siendo “mucho más favorables”.
El Decreto Nº 252/2026 establece un esquema que permite a las empresas importar materias primas e insumos sin pagar derechos de importación ni impuestos internos al momento de su ingreso, postergando la carga tributaria hasta la comercialización del producto final. Este punto generó preocupación en algunos sectores industriales, que advierten sobre una posible pérdida de competitividad para Tierra del Fuego.
Sin embargo, Gracianía insistió en que ambos sistemas “son complementarios” y que no existe una superposición que perjudique a la industria local. “No hay elementos en el decreto que modifiquen ni reduzcan los beneficios del subrégimen fueguino”, subrayó.
La legisladora también indicó que su equipo técnico se encuentra analizando en profundidad los alcances de la normativa, aunque adelantó que las primeras evaluaciones descartan impactos negativos directos sobre el esquema productivo provincial.
En un contexto de incertidumbre económica, Gracianía llamó a evitar interpretaciones apresuradas y a comunicar con claridad las medidas para no generar preocupación innecesaria. En ese sentido, destacó que el régimen industrial de Tierra del Fuego continúa siendo un pilar clave para el empleo, la inversión y el desarrollo productivo de la provincia.