Impulsan un recurso judicial para frenar la instalación de salmoneras en la provincia

USHUAIA.- La presidente de la Asociación Manekenk y docente de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Nancy Fernández, manifestó su preocupación por las recientes gestiones de la Embajada de Noruega en la región. Según la investigadora, la diplomacia del país nórdico busca expandir una industria que hoy enfrenta controles cada vez más estrictos en Europa, lo cual obliga a las empresas a buscar nuevos mercados para sus granjas de salmones. Fernández sostuvo que la visita de la delegación extranjera tiene como fin analizar el impacto social y evaluar posibles oportunidades de negocio en el extremo sur.

En respuesta a este escenario, la organización ambientalista trabaja en la elaboración de un amparo colectivo que pretenden elevar a la justicia el próximo mes. La intención de esta medida es que el Poder Judicial ejerza una tutela directa sobre los bienes naturales, funcionando de manera similar a causas emblemáticas como la del Riachuelo o la red de cloacas en Ushuaia. De esta manera, se pretende que los magistrados vigilen el comportamiento de las partes involucradas para evitar cualquier perjuicio irreversible en el ecosistema marino.

La especialista diferenció los métodos de producción y aclaró que no existiría una resistencia masiva ante emprendimientos que utilicen sistemas cerrados con agua filtrada en tierra firme. Sin embargo, advirtió que la oposición es total frente a las instalaciones que afectan la estética del paisaje y la biodiversidad en las costas. En ese sentido, Fernández adelantó que el rechazo social será contundente si se intenta introducir granjas en los lagos o sobre la costa atlántica debido a la fragilidad de esos entornos.

La preocupación por el impacto ambiental también llegó al ámbito institucional de la provincia. El intendente de Tolhuin, Daniel Harrington, manifestó ante el Consejo de Medio Ambiente su inquietud ante la chance de que se establezcan criaderos en el Lago Fagnano. La inquietud oficial coincide con el planteo de las organizaciones civiles respecto a la necesidad de blindar los espejos de agua dulce y los sectores costeros frente a proyectos de gran escala.

La desconfianza hacia los organismos de control local es uno de los ejes que motiva la presentación judicial. La titular de Manekenk cuestionó la capacidad de las autoridades actuales para regular la actividad de forma eficiente y apuntó directamente contra el desempeño de Marzioni en la Subsecretaría de Pesca. Fernández afirmó con dureza que "no le creemos nada, pero nada en absoluto a Marzioni", subrayando la necesidad de que peritos externos auditen cualquier proceso productivo.

Finalmente, desde la asociación aclararon que el objetivo no es impedir la producción sino garantizar que la misma no resulte perjudicial para la isla. El amparo buscará que se incorporen auditores y especialistas para verificar que no se afecte el medio ambiente una vez que los proyectos se pongan en marcha. La referente concluyó que la desconfianza radica en que este tipo de industrias son sumamente difíciles de remover una vez que logran instalarse de manera definitiva en el territorio.