GENERALES | 23 ABR 2026
RIESGO CRECIENTE
Escalada de amenazas en escuelas: Urquiza reveló que “hay más de 50 denuncias solo en la provincia”
La preocupación crece en Tierra del Fuego ante la reiteración de amenazas anónimas en establecimientos educativos, en un contexto atravesado por la conmoción nacional tras el tiroteo escolar de San Cristóbal, ocurrido el 30 de marzo de 2026, que encendió las alertas sobre este tipo de episodios. En ese escenario, el fiscal ante el Superior Tribunal de Justicia y jefe de fiscales, Eduardo Urquiza, confirmó que la situación alcanzó niveles alarmantes y dejó en claro que no se trata de hechos menores.
“No es una broma, bajo ningún punto de vista”, advirtió el funcionario en FM Espectáculo, quien remarcó que estas conductas están tipificadas como delitos dentro del Código Penal. En ese sentido, explicó que pueden encuadrarse como intimidación pública, con penas de hasta seis años de prisión, o amenazas anónimas agravadas.
Según precisó, el fenómeno no solo persiste sino que se expande: “En Río Grande estamos hablando de 34 denuncias y en Ushuaia aproximadamente 20”, detalló, reflejando la magnitud del problema en la provincia.
El impacto de estos episodios genera incertidumbre en toda la comunidad educativa. “Estamos en vilo, no sabemos qué va a suceder”, señaló Urquiza, al tiempo que planteó que el orden público se encuentra afectado por este tipo de situaciones que obligan a desplegar operativos policiales y recursos estatales.
El fiscal también puso el foco en la responsabilidad de las familias. “Tenemos un deber de garantía sobre los actos de nuestros hijos”, subrayó, e insistió en la necesidad de que los adultos controlen y acompañen el uso de redes sociales por parte de los menores.
En esa línea, no descartó que detrás de algunos episodios pueda haber participación de personas mayores: “Si se investiga con profundidad, me voy a encontrar con un adulto”, afirmó, al plantear la complejidad del fenómeno.
Además, advirtió sobre las consecuencias económicas que podrían recaer en los padres: “Es factible que una familia termine pagando los costos por las acciones de sus hijos”, indicó, en referencia a los gastos que generan los operativos de seguridad.
Mientras tanto, desde la Justicia avanzan en investigaciones y acciones preventivas junto a las instituciones educativas. Sin embargo, el propio Urquiza reconoció que el fenómeno continúa en crecimiento: “Esto no se frena, sigue proliferando”.
La situación mantiene en alerta a toda la comunidad educativa y refuerza la necesidad de una respuesta articulada entre familias, escuelas y organismos del Estado para evitar que estos episodios escalen a hechos de mayor gravedad.
