Polémica por el pago de adicionales millonarios a personal portuario sin funciones

USHUAIA.- La actualización del cuadro tarifario del Puerto de Ushuaia, formalizada recientemente en el Boletín Oficial de la Nación bajo la órbita de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, reordenó los costos para los usuarios de la terminal a partir de mayo. Sin embargo, el eje del conflicto se trasladó rápidamente a la administración provincial.

Desde la intervención nacional dispuesta el 20 de enero, la operatoria portuaria quedó reducida a un grupo acotado de aproximadamente 20 trabajadores habilitados para desempeñar tareas dentro de la terminal. El resto del personal de la Dirección Provincial de Puertos permanece fuera de las instalaciones, sin funciones operativas asignadas.

A pesar de este escenario, el Estado provincial continúa liquidando adicionales por guardias y horas extra a empleados que no prestan servicios efectivos. En algunos casos, estos conceptos variables superan los 1.200.000 pesos mensuales por agente, según se desprende de recibos de haberes.

El cuestionamiento no se centra en la legalidad de la intervención ni en la continuidad salarial de los trabajadores, sino en la persistencia de pagos asociados a tareas extraordinarias que, en la práctica, no se están realizando. Se trata de ítems que, en condiciones normales, deberían estar vinculados a una carga horaria adicional verificable.

La situación genera malestar dentro de la propia administración pública fueguina. Mientras un empleado administrativo de categoría 5 percibe ingresos cercanos al millón de pesos, en el ámbito portuario ese monto puede alcanzarse únicamente a través de adicionales, sin correlato en actividad concreta.

Desde el Gobierno provincial no se explicitaron públicamente los criterios que sostienen este esquema de liquidaciones. En ese marco, crecen las críticas por el impacto fiscal de una decisión que implica destinar recursos a conceptos extraordinarios en un contexto de restricciones presupuestarias.

Si bien el mantenimiento de estos pagos podría responder a la necesidad de evitar tensiones con los sectores gremiales en medio del conflicto institucional, la medida expone una marcada desigualdad frente a otros sectores estatales que reclaman recomposición salarial sin contar con beneficios similares.

El caso pone en discusión la administración de los recursos públicos en la provincia y la decisión de sostener adicionales que, lejos de responder a una prestación efectiva, se consolidan como parte fija de los ingresos en un esquema que no refleja la realidad operativa actual del puerto.