Lejos de centrarse únicamente en la cuestión punitiva, Rossi puso el foco en cómo se gestó la ley y en las dificultades que plantea su aplicación. “No hubo debate real y ahora las provincias cargan con todo”, señaló en FM del Pueblo, marcando que las jurisdicciones no fueron convocadas a discutir una norma que impacta directamente en sus sistemas de niñez, justicia y seguridad.
Desde su mirada, uno de los principales problemas es estructural: “La ley salió sin presupuesto y sin reglamentación”. En ese sentido, advirtió que el desafío no es solo normativo, sino operativo, ya que serán las provincias las que deberán absorber los cambios “con los mismos recursos humanos”.
La funcionaria también cuestionó la falta de instancias de diálogo institucional previas. “En los lugares donde se debería haber debatido, que eran las cámaras, eso no sucedió”, afirmó, y consideró que la ausencia de una discusión federal anticipada termina trasladando los conflictos al momento de la implementación.
En su análisis, Rossi alertó sobre las consecuencias que puede generar este escenario: “Va a haber un sistema que realmente va a colapsar y no sabemos si es mejor el remedio o la enfermedad”. La frase sintetiza la preocupación de varias provincias respecto al impacto de la baja de imputabilidad en estructuras ya exigidas.
A su vez, introdujo una dimensión social en el debate, al sostener que la problemática no puede abordarse únicamente desde lo penal. “Cuando hay infancias que cometen delitos, tiene que ver con un Estado que tampoco está dando herramientas o respuestas”, expresó, planteando la necesidad de políticas integrales de prevención y acompañamiento.
El análisis de la ministra también estuvo atravesado por el contexto económico. Según explicó, la falta de recursos nacionales y los recortes en programas sociales incrementan la presión sobre las provincias. “Estamos siendo muy creativos en el uso de los recursos, que son cada vez más finitos para una demanda que crece día a día”, indicó.
Finalmente, Rossi valoró los espacios federales entre provincias, aunque cuestionó la falta de respuestas desde Nación. “Sirven para tejer redes y buscar soluciones conjuntas, pero nos fuimos sin respuestas claras”, afirmó.
En este escenario, la baja de imputabilidad aparece, según su diagnóstico, no solo como un cambio legislativo, sino como un punto de tensión que expone la relación entre Nación y provincias y la capacidad real del sistema para dar respuestas.