Guerra política abierta: la Legislatura avanza contra la reforma y el Gobierno apura las elecciones

En un contexto de crisis económica, caída de la actividad y deterioro social, la política fueguina ingresó en una fase de alta tensión institucional. El enfrentamiento entre el Poder Legislativo y el Gobierno de Gustavo Melella ya no es soterrado: es abierto, directo y con movimientos que anticipan una escalada de consecuencias imprevisibles.

Por un lado, la Legislatura dio un paso clave al emitir dictamen para avanzar en la derogación de la ley que habilita la convocatoria a la reforma constitucional. Se trata de un golpe político de alto impacto para el Ejecutivo, que había colocado este proceso como una de sus principales apuestas estratégicas, no solo en términos institucionales, sino también en clave electoral.

El argumento central del bloque legislativo es tan político como económico: destinar más de 8.000 millones de pesos a una elección de convencionales constituyentes en medio de despidos, caída del consumo y crisis productiva resulta, para amplios sectores, una decisión desconectada de la realidad social.

Pero detrás de esa discusión subyace una disputa mucho más profunda: el control del escenario político y la proyección de poder hacia el 2027.

En ese tablero, el movimiento de la Legislatura no es menor. De avanzar la derogación, el Gobierno perdería la herramienta clave que le permitiría reformar la Constitución y habilitar la reelección del gobernador. Es, en términos concretos, un intento de cerrar esa puerta antes de que pueda concretarse.

Frente a ese escenario, en Casa de Gobierno ya se evalúa una jugada de alto riesgo: acelerar la convocatoria a elecciones de convencionales antes de que la derogación quede firme. Un movimiento contrarreloj que busca sostener la iniciativa política y evitar un revés institucional que sería difícil de revertir.

La disputa, sin embargo, no se limita al plano legislativo. En paralelo, el conflicto se judicializó, con presentaciones cruzadas, interpretaciones contrapuestas sobre la legalidad del proceso y un clima creciente de incertidumbre institucional.

Incluso, la tensión escaló a niveles inéditos con la aparición de un pedido de juicio político contra un integrante del Superior Tribunal de Justicia, lo que termina de configurar un escenario donde los tres poderes del Estado quedan atravesados por la misma crisis.

Este entramado revela un dato central: el Gobierno provincial enfrenta una clara pérdida de poder real en el ámbito legislativo, donde ya no logra garantizar mayorías ni controlar el ritmo de la agenda política.

A su vez, expone la fractura del sistema político fueguino, con aliados que toman distancia, sectores que endurecen posiciones y una oposición que encontró en la reforma constitucional un punto de convergencia para disputar poder.

Más allá del desenlace inmediato -ya sea la derogación de la ley o la convocatoria anticipada a elecciones- lo que está en juego es mucho más que una reforma: es la capacidad del Gobierno de sostener su proyecto político en un contexto adverso.

La provincia transita así un momento bisagra, donde la crisis económica se combina con una crisis política que redefine liderazgos, alianzas y estrategias.

Y en ese escenario, cada movimiento cuenta. Porque ya no se trata solo de una discusión institucional, sino de una batalla por el poder en su estado más puro.