A pocos días de concretarse el retiro de YPF de Tierra del Fuego, crecen las voces de alarma sobre el futuro inmediato de la actividad petrolera en la provincia. En ese contexto, el abogado riograndense Francisco Giménez trazó un diagnóstico contundente sobre la situación actual y apuntó directamente contra la gestión del proceso.
“El problema no es YPF, es la inoperancia de nuestros funcionarios que priorizaron un ingreso inmediato sin prever consecuencias”, afirmó, en una crítica directa al modo en que se llevó adelante el traspaso de las áreas a la empresa estatal Terra Ignis.
El letrado sostuvo en FM Provincia que, a días de la supuesta transferencia operativa, no existen definiciones claras ni comunicación formal con las empresas que integran la cadena productiva.
“Estamos a pocos días de la transferencia y no hay ningún tipo de comunicación con las pymes fueguinas”, remarcó, al tiempo que calificó la situación como “absolutamente increíble” para una operación de esta magnitud.
En esa línea, puso en duda incluso que el proceso pueda concretarse en los plazos previstos:
“Dudo que esto se concrete, no veo seriedad. Hay que firmar innumerables contratos y trabajar equipos técnicos, y nada de eso está ocurriendo”, advirtió.
Giménez recordó que, hasta hace poco tiempo, la actividad petrolera en la provincia mantenía niveles de funcionamiento aceptables, con reglas claras y acuerdos entre los distintos actores.
“Era un sector que funcionaba, con pagos en término, con gente trabajando. Hoy la incertidumbre es total”, sostuvo.
Según su análisis, el cambio de esquema y la falta de planificación generaron un desorden generalizado que afecta tanto a la operatoria como a la confianza del sector privado.
Uno de los puntos más sensibles planteados por el abogado es el impacto directo sobre las empresas locales y el empleo.
“Las pymes fueguinas están absolutamente abandonadas. Son empresas que nunca pidieron subsidios, que siempre cumplieron, y hoy no tienen ninguna respuesta”, señaló.
En ese marco, advirtió que la situación puede derivar en consecuencias graves en el corto plazo:
“Podemos tener entre 300 y 400 trabajadores reclamando por sus fuentes laborales en los próximos días”, alertó.
Giménez también cuestionó la capacidad técnica y financiera del esquema que se intenta implementar.
“Se quiso hacer cargo de la actividad sin tener los conocimientos ni la capacidad económica ni financiera. Eso agrava aún más el problema”, indicó.
Asimismo, deslizó dudas sobre los socios involucrados en la nueva etapa, planteando interrogantes sobre la viabilidad de las inversiones anunciadas.
El abogado fue más allá y planteó un panorama preocupante si no se toman decisiones urgentes.
“Estamos ante una situación de crisis terminal de un sector que era clave para la provincia”, sostuvo.
Y agregó que el impacto no será solo económico, sino también social:
“El problema no es ambiental, el problema son las personas, las familias que hoy no saben qué va a pasar con su trabajo”.
Finalmente, Giménez insistió en que la situación actual responde a decisiones políticas que no contemplaron el mediano y largo plazo.
“Se priorizó resolver una coyuntura de caja sin pensar en el futuro de Tierra del Fuego”, remarcó.
En ese contexto, llamó a revisar de manera urgente el rumbo del proceso para evitar un desenlace más complejo:
“Si no hay definiciones urgentes, esto puede derivar en una crisis profunda para toda la provincia”.