Löffler reabre el debate por los límites de TDF y propone un cambio histórico: “Debemos pensarnos como una provincia archipelágica”

El doctor Ernesto 'Nené' Löffler, actual integrante del Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego, ex diputado nacional, ex camarista del Poder Judicial y docente en la UCES, volverá a poner en agenda uno de los debates más profundos —y aún inconclusos— de la historia institucional fueguina: la cuestión de los límites y la posibilidad concreta de redefinir a la provincia como un Estado archipelágico.

El próximo 6 de mayo, en la sede Ushuaia de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Löffler encabezará un encuentro abierto donde se propone “intercambiar ideas, opiniones e información sobre el fenómeno de la provincialización de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur”, con una mirada que no se detiene en el pasado, sino que apunta directamente al futuro.
“Seguramente haremos un repaso de ciertos hechos históricos, pero en lo personal voy a poner el foco hacia dónde debe proyectarse nuestra provincia, sobre todo en materia de límites y en la posibilidad cierta de convertirnos en una provincia archipelágica”, adelantó.

Una deuda histórica: los límites inconclusos

Para Löffler, el problema de fondo se remonta al mismo nacimiento de la provincia, formalizado mediante la Ley 23.775 en 1990. Según explicó, allí quedó planteada una tensión política e institucional que nunca terminó de resolverse.
Por un lado, existía el modelo impulsado por el radicalismo —influenciado por la Cancillería durante el gobierno de Raúl Alfonsín— que proponía una “provincia chica”, limitada a las islas principales y algunos sectores del Canal Beagle, excluyendo expresamente a las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y el sector antártico.

Del otro lado, el peronismo defendía una concepción más amplia: que la nueva provincia heredara los límites completos del antiguo Territorio Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
“Esa postura terminó imponiéndose en el Congreso, pero cuando se sanciona la ley, el Poder Ejecutivo veta el segundo párrafo del artículo primero, que era el que detallaba concretamente los límites. Ahí queda inconclusa la cuestión”, explicó.
Ese veto tuvo consecuencias estructurales: dejó sin definición precisa el alcance territorial y marítimo de la provincia, generando un vacío que persiste hasta hoy.

Gobernación marítima y derechos sobre el mar

El magistrado remarcó que la historia institucional fueguina respalda una concepción amplia del territorio. Antes de la provincialización, Tierra del Fuego fue gobernación marítima y luego territorio nacional, con jurisdicción sobre espacios marítimos.
“Cuando el Congreso fija los límites de una provincia, no puede hacerlo de manera discrecional. Debe respetar la historia, la tradición. Y nosotros siempre tuvimos jurisdicción sobre el mar”, sostuvo, citando la doctrina constitucional.
Sin embargo, tras el veto, esa continuidad quedó interrumpida. “No quedó claro hasta dónde llega la provincia. Si somos o no un Estado archipelágico, eso hoy no está definido”, advirtió.

La propuesta: una provincia archipelágica

Frente a ese escenario, el magistrado impulsa una idea que viene trabajando desde su etapa legislativa: reconocer a Tierra del Fuego como una provincia archipelágica mediante una ley del Congreso nacional.
“No hace falta reformar la Constitución provincial. Lo que hace falta es una ley del Congreso que nos reconozca como un Estado archipiélago, trazando poligonales que integren las islas: desde Tierra del Fuego a Malvinas, de Malvinas a Georgias y Sandwich del Sur, junto al sector antártico”, explicó.

Este concepto toma como antecedente el derecho internacional, particularmente la Convención sobre el Derecho del Mar, que reconoce la figura del Estado archipelágico.
“Lo que estamos planteando es aplicar principios del derecho público internacional al derecho público provincial, reconociendo nuestra verdadera composición territorial”, indicó.

Recursos estratégicos en juego

La discusión no es solo jurídica: tiene un impacto directo en la economía y el desarrollo de la provincia.
Löffler advirtió que gran parte de los recursos naturales —pesca, hidrocarburos, gas— se encuentran en el mar circundante, y hoy no están plenamente bajo control provincial.

Mencionó, por ejemplo, el yacimiento offshore Fénix, ubicado a unos 60 kilómetros de la costa fueguina: “Hoy no percibimos regalías como deberíamos. Si fuéramos reconocidos como provincia archipelágica, podríamos administrar esos recursos”.
También señaló el potencial del sector pesquero en el Atlántico Sur, donde —según detalló— gran parte de la riqueza es explotada por flotas extranjeras bajo licencias otorgadas en torno a las Islas Malvinas.

“El 38% del producto bruto de las islas proviene de la pesca. Nosotros podríamos tener esos ingresos. Con los recursos que tenemos, no necesitaríamos ni ley de promoción industrial: nos alcanzarían y sobrarían para garantizar el desarrollo de la provincia”, afirmó.

Antártida, soberanía y antecedentes jurídicos

El juez también abordó la cuestión antártica, recordando que Argentina mantiene presencia ininterrumpida desde 1904 y cuenta con múltiples bases científicas, personal civil y militar, e incluso sistema educativo en el continente blanco.
Si bien la discusión de soberanía está actualmente congelada por el Tratado Antártico, Löffler destacó que existen antecedentes jurídicos que refuerzan la posición argentina.

Entre ellos, mencionó casos concretos en los que la justicia de Ushuaia intervino en hechos ocurridos en la Antártida, como el accidente de un tripulante del buque Calypso del explorador Jacques Cousteau.

“Hay al menos siete u ocho casos donde la competencia fue ejercida por el juez federal de Ushuaia. Eso demuestra un ejercicio efectivo de jurisdicción”, subrayó.

La experiencia judicial y la “sentencia cero”

Más allá del debate territorial, Löffler también dejó definiciones sobre su trayectoria en la Justicia, recordada por su intensidad de trabajo durante su etapa como camarista en Río Grande.

“Nosotros trabajábamos con un sistema que llamábamos ‘sentencia cero’. El lunes recibíamos los expedientes y el jueves ya teníamos todo resuelto. Llegábamos al viernes sin causas pendientes”, recordó.

Esa lógica —basada en eficiencia y organización— continúa siendo, según explicó, uno de los desafíos estructurales del sistema judicial: “Una justicia lenta no es justicia”.

Las cinco idoneidades de un juez

En el tramo final de su exposición, el magistrado profundizó en su visión sobre el rol judicial, planteando que la selección de jueces debe contemplar cinco tipos de idoneidad:

• Técnico-científica (conocimiento del derecho).
• Gerencial (capacidad de conducción).
• Psicofísica (aptitud para el cargo).
• Ética (conducta y apariencia pública).
• Institucional o política (especialmente en tribunales superiores).

“En cortes supremas o superiores aparece una quinta idoneidad: la visión institucional o política, porque hay decisiones que requieren analizar también ese componente”, explicó.

Un debate abierto hacia el futuro

Con una mirada que combina historia, derecho y geopolítica, Löffler plantea que Tierra del Fuego enfrenta una oportunidad estratégica: redefinir su identidad territorial y proyectarse como una provincia con control efectivo sobre sus recursos marítimos.
“Es el gran desafío que tenemos como provincia. Pensarnos como un Estado archipelágico no es una utopía: es recuperar lo que históricamente nos corresponde”, concluyó.

El encuentro en la UNTDF será, en ese sentido, mucho más que una charla académica: se perfila como un nuevo punto de partida para un debate que atraviesa soberanía, desarrollo y futuro.