“Para mí eso no es necesario”, sostuvo en FM Aire Libre, de manera directa al referirse a la reforma, en una definición que marca un punto de inflexión en la discusión pública. La frase, breve pero contundente, resume una postura que la dirigente viene sosteniendo desde el inicio del proceso.
Lejos de matizar su posición, Urquiza reafirmó su desacuerdo: “No estoy de acuerdo”, expresó, recordando que su postura se mantiene desde la sanción de la ley que habilitó la convocatoria a la reforma. Sin embargo, evitó escalar el conflicto y reconoció la legitimidad institucional del camino elegido. “Uno es respetuoso de la voluntad y se obtuvieron los votos necesarios”, agregó, en alusión a la aprobación legislativa que dio origen al proceso.
En ese delicado equilibrio entre diferencia política y respeto institucional, la vicegobernadora introdujo un eje alternativo al planteado por el Ejecutivo: la necesidad de construir consensos amplios antes que avanzar en modificaciones estructurales. Según planteó, Tierra del Fuego atraviesa un momento que requiere diálogo profundo entre los distintos actores políticos e institucionales.
“Lo que necesita la provincia es un gran consenso político, sentarse realmente en la mesa y discutir los roles”, afirmó, poniendo el foco en la distribución de responsabilidades entre el gobierno provincial y los municipios. En esa línea, sostuvo que esas discusiones pueden desarrollarse sin necesidad de reformar la Constitución, reforzando su idea de que el instrumento elegido no resulta imprescindible.
Consultada sobre las motivaciones del gobernador Gustavo Melella, Urquiza evitó profundizar las diferencias y optó por una lectura que apunta a la convicción política del mandatario. “Yo no lo creo”, respondió cuando se le planteó si la reforma podría estar vinculada a una eventual búsqueda de reelección. En ese sentido, afirmó que Melella “está convencido de lo que está planteando”, y remarcó que se trata de una iniciativa sostenida en el tiempo.
Al mismo tiempo, reconoció con claridad que el proceso responde a una decisión política del Ejecutivo: “Es una decisión del gobernador”, señaló, marcando el liderazgo de Melella en la iniciativa. De esta forma, la vicegobernadora logra sostener su desacuerdo sin trasladarlo a una confrontación directa.
Respecto del momento en que se impulsa la reforma, uno de los aspectos más cuestionados en el debate público, Urquiza introdujo el factor judicial como elemento explicativo. “Se dio por esta particularidad que ha tenido la intervención de la justicia”, indicó, en referencia al recorrido que atravesó la iniciativa desde su aprobación hasta su implementación.
La vicegobernadora también dejó en claro que, pese a las diferencias, el vínculo institucional con el gobernador se mantiene activo. “Con el gobernador hablamos, tenemos diálogo y construimos en estas diferencias”, afirmó, en una señal que busca despejar interpretaciones de ruptura dentro del oficialismo.
En un contexto atravesado por tensiones económicas y sociales, su intervención suma un elemento de complejidad al debate político. Sin cuestionar la legitimidad del proceso ni las intenciones del Ejecutivo, Urquiza instala una discusión de fondo sobre prioridades, tiempos y herramientas.
“Estamos en tiempos de transformación”, sostuvo, y planteó que incluso en escenarios de crisis es necesario buscar acuerdos que permitan ordenar el funcionamiento del Estado y mejorar la respuesta institucional.
Su posicionamiento, en definitiva, no bloquea el proceso de reforma, pero sí introduce un freno político significativo. Al señalar que no considera necesaria la modificación constitucional y al poner el énfasis en la construcción de consensos, la vicegobernadora redefine el eje del debate: ya no se trata únicamente de cambiar las reglas, sino de discutir cómo y con qué acuerdos se gobierna la provincia.