Según expresaron los organizadores, más de 25 personas se consideran directamente afectadas por decisiones, demoras y falta de respuestas en causas sensibles vinculadas a niños, niñas y familias. La convocatoria -que aseguran será pacífica- surge tras un proceso de desgaste marcado por la imposibilidad de acceder a audiencias y la falta de resoluciones en tiempos razonables.
El eje del reclamo apunta de lleno al desempeño del juzgado a cargo de la Dra. Marina Montero. Los manifestantes denuncian la existencia de expedientes paralizados durante largos períodos y decisiones que consideran cuestionables, en un fuero donde cada demora tiene consecuencias directas sobre derechos fundamentales.
Pero el conflicto no se limita a los tiempos judiciales. En las últimas semanas, el malestar se profundizó tras conocerse una medida que restringe el acceso directo al juzgado, obligando a quienes deseen realizar gestiones a hacerlo exclusivamente a través de un abogado. Para los vecinos, esta decisión agrava la situación y genera una barrera adicional para quienes no cuentan con recursos económicos.
“No todos pueden pagar un abogado”, remarcan, en un planteo que expone una problemática de fondo: el acceso desigual a la Justicia en uno de los ámbitos más sensibles del sistema.
En paralelo, los vecinos aseguran haber agotado instancias institucionales, llevando sus reclamos ante la Cámara de Apelaciones y el Superior Tribunal de Justicia. Sin embargo, hasta el momento no se registraron respuestas oficiales, lo que terminó de empujar la protesta hacia el terreno público.
El caso abre un escenario delicado. Cuando los conflictos del fuero de familia -donde se definen situaciones críticas que involucran a menores- derivan en manifestaciones, lo que queda en evidencia no es solo una suma de casos particulares, sino una crisis de confianza en el funcionamiento del sistema judicial.
La movilización de este lunes buscará romper ese silencio. Visibilizar los casos, poner en agenda el reclamo y forzar una respuesta concreta.