La retirada de YPF de Tierra del Fuego comenzó a mostrar sus consecuencias más inmediatas: reducción drástica de personal, paralización de operaciones y una creciente incertidumbre sobre el futuro del sector hidrocarburífero en la provincia.
Desde ahora, la operatoria quedó formalmente en manos de Terra Ignis, junto a su socia Velitec. Sin embargo, el traspaso está lejos de ser ordenado y ya genera fuertes cuestionamientos desde distintos sectores.
En declaraciones a Radio Provincia, el abogado Francisco Paco Giménez, representante de empresas de servicios, describió un escenario alarmante.
“De acá a 30 días el yacimiento norte de Tierra del Fuego, en la zona de San Sebastián, va a ser tierra arrasada. Están arrasando con todo”, advirtió.
Uno de los datos más preocupantes es la abrupta caída en la cantidad de trabajadores. Según detalló Giménez, la dotación pasó en pocas semanas de alrededor de 400 operarios a apenas 150, y continúa en descenso.
“De acá a fin de mes va a haber mínimo 150 trabajadores sin trabajo”, afirmó, al tiempo que confirmó que ya hay empleados que directamente no fueron retirados por las empresas para cumplir sus tareas.
Además, trascendió que cerca de 180 trabajadores ya habrían sido despedidos e indemnizados, mientras que muchos otros aún no tienen definiciones sobre su continuidad laboral, pese a promesas previas de incorporación por parte de la nueva operadora.
El impacto también golpea de lleno a las empresas contratistas locales. Varias de ellas comenzaron a desarmar campamentos, retirar equipos y cesar actividades ante la falta de certezas.
Según explicó el letrado, la situación se agravó luego de que Velitec notificara la rescisión de contratos sin que, según denuncian, existiera una vinculación contractual previa formalizada.
“Mandaron un mail rescindiendo contratos que nunca firmamos con ellos. No sabemos quiénes son porque nunca fuimos notificados oficialmente del traspaso”, sostuvo.
Ante este escenario, las empresas comenzaron a responder mediante cartas documento, en medio de un clima de creciente conflictividad.
Giménez fue contundente al describir el momento que atraviesa el sector:
“Son empresas fueguinas que están desapareciendo y a nadie le importa”.
Incluso cuestionó la falta de reacción política frente a la crisis:
“Nadie está dimensionando lo que está pasando en Río Grande. Están discutiendo otras cosas mientras se destruye el empleo”.
Uno de los puntos más sensibles que surgen del conflicto es la posible afectación del suministro de gas en la provincia.
El abogado advirtió que la nueva operadora no tendría actualmente la capacidad técnica ni operativa para garantizar la continuidad del servicio:
“Si no tienen equipos, ni software, ni estructura, ¿quién va a garantizar el gas para el invierno?”, planteó.
La preocupación radica en que los yacimientos que operaba YPF son clave para la inyección de gas al sistema fueguino, lo que podría derivar en complicaciones energéticas en los próximos meses si no se normaliza la situación.
Mientras avanzan las notificaciones formales, se abre un período de 30 días que será determinante para el futuro del sector. En ese plazo podrían definirse nuevas condiciones contractuales o profundizarse el retiro de empresas.
Desde el sector privado advierten que, de no mediar soluciones urgentes, el impacto económico y social será profundo, con la desaparición de pymes locales y la pérdida de cientos de puestos de trabajo.
El proceso que prometía una nueva etapa para la producción hidrocarburífera en Tierra del Fuego comienza así con un fuerte nivel de conflictividad, incertidumbre y un interrogante central: si la transición podrá sostener la actividad o si marcará el inicio de una crisis estructural en el sector.