Lijo avanza sobre el patrimonio de Adorni y su esposa

La situación judicial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, suma un nuevo capítulo que amenaza con convertirse en uno de los escándalos políticos más delicados para el Gobierno nacional. El juez federal Ariel Lijo ordenó levantar el secreto fiscal de Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti, en el marco de una investigación que busca esclarecer el origen de fondos utilizados para viajes al exterior, adquisición de propiedades y otros gastos que no se condicen con los ingresos declarados por el funcionario.

La medida judicial había sido impulsada en marzo, pero ahora toma un fuerte impulso tras la incorporación de documentación, tickets y facturas aportadas por testigos que complican la situación del vocero presidencial devenido en jefe de Gabinete. Según trascendió de fuentes judiciales, los movimientos económicos observados por la Justicia habrían comenzado a intensificarse desde el inicio de sus funciones dentro del Gobierno nacional.

Entre los puntos bajo análisis aparecen las compras de dos propiedades: una ubicada en el barrio porteño de Caballito y otra dentro del country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz. Para los investigadores, el nivel de gastos detectados abre interrogantes sobre la trazabilidad del dinero utilizado y sobre posibles incompatibilidades o beneficios derivados de su posición política.

Pero la investigación no se detiene allí. Lijo también ordenó revisar las comunicaciones del periodista y productor Marcelo Grandio, señalado como amigo cercano de Adorni y quien lo habría acompañado durante el último feriado de Carnaval en un vuelo privado hacia Punta del Este.

El foco judicial apunta especialmente a los vínculos comerciales entre la productora ImHouse —relacionada con Grandio— y la TV Pública. La empresa habría firmado contratos con el canal estatal que depende administrativamente de la órbita de la Secretaría de Comunicación, bajo control de la Jefatura de Gabinete.

La Justicia ahora intenta reconstruir contactos, movimientos y posibles relaciones entre Adorni, Grandio y Horacio Silva, quien figura formalmente como titular de la productora. El análisis incluirá teléfonos celulares, registros de comunicaciones y documentación comercial.

Mientras el Gobierno intenta minimizar el impacto político del caso, la investigación judicial comienza a rodear al funcionario libertario con una trama que combina viajes exclusivos, negocios estatales, propiedades y sospechas sobre el origen del dinero. En un contexto de fuerte ajuste económico y discurso oficial centrado en la austeridad, el expediente amenaza con transformarse en una nueva crisis para la administración nacional.