USHUAIA.- La postal más emblemática de la capital de Tierra del Fuego se encuentra hoy bajo la sombra de la ineficiencia administrativa. El viejo remolcador Saint Christopher, testigo del paso del tiempo frente a la bahía de Ushuaia, continúa su proceso de degradación estructural a pesar de haber sido el foco de múltiples proyectos de restauración que implicaron una fuerte inversión de recursos públicos.
Los antecedentes de esta situación se remontan al mandato de Rosana Bertone, etapa en la cual Guillermo Worman lideró las gestiones desde la DPOSS. En ese marco, se proyectó una intervención ambiciosa con la premisa de preservar el navío “por cientos de años”, un compromiso que fue difundido ampliamente a través de los canales oficiales de comunicación institucional.
Dentro de aquel esquema de trabajo se ejecutó un muro de protección de rocas para neutralizar el impacto de las mareas sobre la base del barco. En ese periodo, los montos ejecutados ya alcanzaban cifras de siete dígitos, mientras la paridad cambiaria se ubicaba en el orden de los 60 pesos por dólar. No obstante, el impacto visual y estructural de dichas tareas resultó insuficiente frente al clima fueguino.
Con la llegada de la actual administración de FORJA, el Ejecutivo encabezado por Gustavo Melella retomó el proyecto bajo una lógica similar. Sin profundizar en la efectividad de las acciones previas, se insistió con el concepto de puesta en valor, reactivando las promesas de una solución de fondo para el saneamiento de la nave encallada.
Durante el año 2022, se anunció una nueva etapa de obras por un monto que sobrepasó los 43 millones de pesos. En actos que contaron con la presencia de referentes como Dante Querciali y Gabriela Castillo, se detallaron planes de iluminación, refuerzos en el casco y otras mejoras técnicas que debían garantizar la estabilidad de la estructura.
Pese a que el discurso oficial insistía en presentar al Saint Christopher como un bien “recuperado”, la evidencia física indicaba lo contrario. El paso de los meses solo confirmó que las intervenciones no fueron acompañadas por resultados tangibles, permitiendo que la oxidación y el desgaste de la madera siguieran su curso sin mayores impedimentos.
El núcleo de la controversia reside en la falta de rendición de cuentas sobre el uso del erario. Hasta el momento, no se brindaron precisiones sobre el nivel de cumplimiento de los contratos ni se detalló qué parte de las partidas millonarias se aplicó efectivamente a la embarcación. La opacidad en la gestión de estos fondos contrasta con la fragilidad que exhibe el barco en la actualidad.
El panorama actual del remolcador es crítico, con un armazón quebrado y signos evidentes de una desidia prolongada. Tras atravesar dos ciclos políticos diferentes y reiteradas promesas de salvataje, el saldo final se reduce a una erogación constante de dinero estatal mientras el monumento se encamina hacia una pérdida que parece irreversible.