“Estaremos mandando al Congreso una ley sobre SÚPER RIGI, el cual tiene mayores ventajas que el RIGI original”, escribió Milei desde su cuenta oficial de X, asegurando que el nuevo esquema estará orientado a “sectores que nunca han existido en Argentina” y que permitirá “multiplicar la cantidad de empleos”.
Sin embargo, las declaraciones del mandatario chocan con la realidad económica que atraviesan miles de trabajadores en distintos puntos del país. A casi dos años del inicio de la gestión libertaria, los beneficios otorgados al gran capital todavía no muestran un impacto concreto en la recuperación del empleo ni en la mejora de la actividad económica para las pequeñas y medianas empresas.
Mientras el Gobierno profundiza políticas de desregulación y reducción impositiva para grandes inversiones extranjeras, el mercado interno continúa golpeado por la caída del poder adquisitivo, los despidos y la paralización de sectores productivos enteros.
La versión actual del RIGI ya contempla beneficios extraordinarios para proyectos superiores a los 200 millones de dólares, incluyendo estabilidad fiscal por 30 años, ventajas aduaneras, acceso preferencial a divisas y reducción de cargas tributarias.
Según datos difundidos por el propio Gobierno nacional, existen más de 30 proyectos en carpeta por más de 100.000 millones de dólares y 14 ya fueron aprobados por el Comité Evaluador.
Entre ellos aparece la petrolera Chevron, que anunció inversiones por más de 10.000 millones de dólares, celebradas por el ministro de Economía Luis Caputo.
Pero mientras las promesas de inversiones multimillonarias ocupan el discurso oficial, en ciudades industriales como Río Grande, Córdoba, Rosario o el conurbano bonaerense crecen las suspensiones, los contratos caídos y la incertidumbre laboral.
Durante su exposición en Estados Unidos, Milei volvió a defender el modelo económico basado en “menos Estado, apertura de mercados y desregulación”. “No estamos copiando un modelo extranjero, estamos volviendo a nuestras raíces liberales”, sostuvo ante empresarios e inversores internacionales.
El problema, señalan distintos sectores sindicales y productivos, es que esa apertura económica y los beneficios extraordinarios para grandes capitales no están derramando empleo ni desarrollo hacia el resto de la sociedad.
Por el contrario, el ajuste, la caída de la obra pública, la pérdida del consumo y la apertura de importaciones vienen impactando con fuerza en la industria nacional y en el empleo privado.
El nuevo “Súper RIGI” parece profundizar esa lógica: más garantías para los grandes grupos económicos mientras miles de trabajadores enfrentan un escenario cada vez más frágil.
Desde el Gobierno insisten en que las inversiones llegarán y que el crecimiento económico se verá en el mediano plazo. Pero la discusión vuelve a instalarse con fuerza: ¿cuánto tiempo más puede sostenerse un esquema que beneficia principalmente a grandes corporaciones mientras el trabajo formal continúa deteriorándose?
La promesa oficial es que el “Súper RIGI” atraerá nuevos sectores dinámicos y generará empleo.
La realidad, hasta ahora, muestra otra cosa: más beneficios para los sectores concentrados de la economía y una creciente incertidumbre para quienes viven de su trabajo.