GENERALES | 11 MAY 2026
TENSIóN EN LA CúPULA JUDICIAL
El Consejo de la Magistratura ratificó a Guerrero y se desató el conflicto con el STJ
La crisis institucional dentro de la Justicia fueguina sumó este lunes un capítulo sin precedentes. El Consejo de la Magistratura de Tierra del Fuego rechazó formalmente la Acordada 24 del Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego y ratificó la designación de la Dra. María Elena Guerrero como jueza de Familia de Ushuaia.
La decisión quedó plasmada en el Acta Nº 646, donde el Consejo resolvió solicitarle al STJ la derogación de la acordada que había dejado sin efecto el nombramiento de Guerrero y además le otorgó un plazo de cinco días para avanzar con la toma de juramento.
El dato político e institucional más impactante es que la reunión fue encabezada por la jueza Miriam Cristiano, integrante del propio Superior Tribunal, quien en su rol de presidenta del Consejo impulsó una resolución contra una acordada firmada por sus propios pares Sagastume, Battaini y Muschnick.
El escenario dejó al descubierto una fuerte fractura interna dentro del máximo tribunal provincial y abrió un conflicto de poderes inédito en Tierra del Fuego.
Sesión reservada y críticas
La polémica se profundizó todavía más porque la reunión del Consejo se realizó de manera reservada, sin acceso público ni presencia de medios de comunicación, pese a tratarse de una discusión vinculada directamente con la selección de jueces y el funcionamiento institucional del Poder Judicial.
La decisión generó fuertes cuestionamientos en distintos sectores políticos, judiciales y periodísticos, que advirtieron sobre la falta de transparencia en un tema de evidente interés público.
Una pelea que ya excede el caso Guerrero
El conflicto comenzó cuando el Superior Tribunal anuló la designación de Guerrero argumentando falta de especialidad e idoneidad suficiente y cuestionando además el sistema de concursos del Consejo de la Magistratura.
En esa acordada, el STJ sostuvo que los concursos carecen de parámetros objetivos y planteó la necesidad de implementar exámenes escritos, mesas evaluadoras y sistemas anónimos de puntuación.
Ahora, con esta respuesta del Consejo, la discusión dejó de ser solamente jurídica y pasó a convertirse en una disputa institucional abierta sobre quién tiene la última palabra en la designación de jueces en Tierra del Fuego.
Mientras tanto, el enfrentamiento entre el Consejo de la Magistratura y el Superior Tribunal sigue escalando y ya es considerado por muchos sectores como una de las mayores crisis institucionales de la Justicia fueguina en las últimas décadas.
