Masiva movilización en la isla contra el desfinanciamiento universitario

RIO GRANDE.- La cuarta edición de la Marcha Federal Universitaria tuvo una convocatoria sin precedentes en la provincia, donde una multitud salió a las calles para rechazar el recorte de fondos impuesto por la gestión de Javier Milei. En Río Grande, la columna principal concentró su fuerza en la Plaza de las Américas con un pedido unificado hacia el Ejecutivo nacional para que cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario ratificada por el Congreso.

El decano de la Facultad Regional Tierra del Fuego de la UTN, Francisco Javier Álvarez, encabezó la caminata junto a las autoridades de la facultad y representantes de los gremios FAGDUT y APUTN. Durante el recorrido se sumaron familias, centros de estudiantes y diversas agrupaciones sociales que acompañaron el trayecto desde la sede universitaria hasta el centro de la ciudad para manifestar su preocupación por el presente de la educación pública.

En diálogo con este medio, Álvarez describió un panorama preocupante sobre el deterioro de los ingresos en el sector. El directivo explicó que la falta de cumplimiento de la normativa vigente empuja a muchos trabajadores a buscar alternativas de subsistencia fuera del ámbito académico. “Los no docentes, que tienen en la universidad su única fuente de ingreso, ya han perdido más del 60% del poder adquisitivo. Hay gente que está haciendo delivery o manejando taxis para poder salir adelante”, remarcó.

La caída de los salarios también puso en jaque el sostenimiento de las prestaciones de salud internas. Al respecto, el decano alertó que la obra social se financia con los aportes del personal y el descenso de los haberes genera deudas que complican la atención médica. Asimismo, comparó la situación económica actual de la ciudad con procesos históricos de desindustrialización y afirmó que no desea ver a Río Grande convertida en un pueblo fantasma.

Desde el ámbito científico, se puso de relieve el peligro que corre la soberanía tecnológica nacional. Álvarez recordó la labor que la universidad realiza en la estación de monitoreo de Tolhuin, fundamental para el desarrollo satelital del país, y cuestionó el hostigamiento hacia la formación estatal. “Creo que están tirando de la soga para ver hasta dónde se llega. Detrás de esto hay familias y las familias no tienen cómo responder”, sostuvo el ingeniero.

Por su parte, el referente gremial Fabio Seleme insistió en que la movilización busca que el Gobierno nacional acate las decisiones del Poder Legislativo y de la Justicia. Según el dirigente, el conflicto ya superó la discusión paritaria para transformarse en una defensa del modelo de país. “El nivel de delirio y de persecución que tiene Milei contra la universidad hace que la única solución parezca venir de la calle. Así sacamos la ley y así debemos hacerla cumplir”, enfatizó antes del acto central.

Los estudiantes también expresaron su inquietud por el vaciamiento de recursos que afecta directamente su trayectoria académica. Julio César Lozano, presidente del Centro de Estudiantes Tecnológicos, señaló que el ajuste impacta en las becas y en los insumos necesarios para los laboratorios. El referente estudiantil destacó el rol fundamental de los profesores en su formación y advirtió que sin ellos resulta imposible cumplir el objetivo de graduarse como profesionales.

El cierre de la jornada incluyó la lectura de un documento nacional que denunció una caída real del 45,6% en las transferencias a las universidades entre 2023 y 2026. El texto subrayó que los sueldos del sector atraviesan su nivel más bajo en 23 años y solicitó la intervención de la Corte Suprema para garantizar el derecho a la educación superior. La proclama final reafirmó que la universidad pública es una herramienta de movilidad social ascendente que debe ser protegida frente al actual escenario de desinversión.