Entre el escándalo Adorni y la reforma política: el oficialismo busca cambiar la agenda

En medio del creciente desgaste político que atraviesa el Gobierno nacional por el denominado “Escándalo Adorni”, el oficialismo libertario abrió este miércoles en el Senado el debate por una profunda reforma electoral que promete encender una fuerte disputa política en el Congreso y también dentro de los propios espacios aliados.

La iniciativa impulsada por el gobierno de Javier Milei comenzó a discutirse en la comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por Agustín Coto, en una maniobra que en los pasillos parlamentarios muchos interpretan como un intento de desplazar del centro de la escena pública el impacto político del caso que involucra al vocero presidencial Manuel Adorni.

La estrategia, sin embargo, abrió un nuevo frente de conflicto con los bloques dialoguistas. Tanto sectores de la Unión Cívica Radical como del PRO reclamaron que primero se tratara por separado la ley de Ficha Limpia, pero el oficialismo rechazó esa posibilidad y decidió avanzar con el paquete completo.

Detrás de la discusión técnica, el trasfondo político aparece cada vez más evidente: mientras el Gobierno enfrenta cuestionamientos crecientes y tensiones internas, busca recuperar iniciativa con una agenda de “reformas institucionales” que le permita ordenar el debate público y reposicionarse frente a su electorado.

El problema para La Libertad Avanza es que varios de los puntos incluidos en la reforma generan resistencias incluso entre quienes habitualmente acompañan al oficialismo en el Congreso.

Uno de los principales focos de conflicto es la intención de eliminar las PASO. La mayoría de los bloques dialoguistas rechaza esa posibilidad y considera que las primarias siguen siendo una herramienta necesaria para ordenar candidaturas y evitar acuerdos cerrados entre cúpulas partidarias.

Pero las tensiones no terminan allí. El proyecto también propone ampliar drásticamente el financiamiento privado de las campañas, eliminar los espacios gratuitos de publicidad electoral en medios de comunicación y hasta quitar la obligatoriedad de los debates presidenciales.

Para distintos sectores opositores, el paquete avanza hacia una lógica de “mercantilización de la política”, donde las campañas dependerán cada vez más del poder económico y de la capacidad de financiamiento privado.

“La reforma parece pensada para beneficiar a quienes ya tienen estructura económica y exposición mediática”, deslizaron desde sectores parlamentarios que siguen de cerca la negociación.

Otro punto sensible es la implementación de la denominada “Ficha Limpia”, que impediría ser candidatos a dirigentes con condena confirmada en segunda instancia por delitos dolosos, un tema que divide aguas tanto en el oficialismo como en la oposición.

En el Congreso saben que el Gobierno no tiene margen para imponer la reforma en soledad. Para aprobarla necesita construir mayorías especiales tanto en el Senado como en Diputados, lo que obliga a una negociación compleja con gobernadores, radicales, macristas y bloques provinciales.

Por eso, mientras públicamente el oficialismo busca mostrar decisión política y voluntad reformista, en privado ya comenzaron las conversaciones para moderar algunos de los puntos más polémicos, especialmente la eliminación total de las PASO.

En medio de ese escenario, el debate recién comienza, pero en el Parlamento muchos coinciden en algo: detrás de la discusión electoral también se juega una feroz batalla por el control de la agenda política en uno de los momentos más delicados que atraviesa el Gobierno nacional.