POLíTICA | 13 MAY 2026
TERREMOTO POLíTICO
Bombazo institucional: frenan la reforma constitucional y crece la tensión en Tierra del Fuego
La crisis alrededor de la reforma constitucional fueguina sumó este miércoles un nuevo capítulo que sacudió de lleno al escenario político provincial. La jueza electoral Mariel Zanini decidió no avanzar, por ahora, con la publicación del cronograma para las elecciones de convencionales constituyentes previstas para el 9 de agosto, dejando el proceso en un limbo institucional.
La resolución cayó como una bomba dentro del oficialismo encabezado por Gustavo Melella, ya que sin calendario electoral el proceso constituyente queda prácticamente paralizado. La magistrada argumentó que el escenario actual no ofrece garantías de estabilidad ni seguridad jurídica para avanzar con las distintas etapas electorales.
El conflicto se agravó luego de que la Legislatura provincial derogara la ley que había declarado la necesidad de la reforma constitucional, norma sobre la cual el Poder Ejecutivo había sustentado la convocatoria oficial mediante decreto. A esto se suma un recurso judicial que todavía permanece pendiente ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y que mantiene abierta la discusión sobre la legalidad de todo el proceso.
Desde la Justicia Electoral advirtieron que lanzar el cronograma en medio de este contexto podría generar más incertidumbre que certezas, debido al riesgo de que la elección termine suspendida, modificada o incluso anulada en plena marcha.
La decisión también llegó después de varios reclamos presentados por fuerzas políticas que exigían definiciones urgentes sobre los plazos electorales y la organización del proceso constituyente.
En paralelo, Zanini resolvió remitir las actuaciones al Ministerio Público Fiscal antes de definir los próximos pasos. Allí aparece el rol del Fiscal Mayor ante el Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego, Eduardo Urquiza, quien además integra la Junta Electoral. Sin embargo, podría apartarse de intervenir por esa misma condición, lo que abriría la puerta a la participación de otro representante del Ministerio Público.
La polémica no tardó en trasladarse al terreno político. Sectores opositores volvieron a cuestionar la transparencia y legitimidad del proceso de reforma, mientras que desde ámbitos cercanos al oficialismo crece la preocupación por el futuro de una iniciativa considerada estratégica para la gestión provincial.
No es la primera vez que la discusión termina atravesada por decisiones judiciales. Ya en 2024, el proceso constituyente había sufrido un fuerte revés cuando la Justicia provincial suspendió una convocatoria similar impulsada por el Ejecutivo.
Ahora, con la elección sin cronograma oficial, la ley base derogada y la incertidumbre judicial escalando día a día, el proyecto de reforma constitucional atraviesa su momento más delicado desde que fue lanzado por el Gobierno fueguino.
