Sospechas de venta de certificados en la Policía: auditorías revelaron cifras alarmantes

Un verdadero escándalo comenzó a sacudir a la Policía de Tierra del Fuego luego de que salieran a la luz datos internos que exponen lo que dentro de la propia fuerza ya describen como un posible “sistema paralelo” de emisión de certificados médicos para justificar faltas laborales y evitar descuentos salariales.

El detonante fue un informe elaborado por el área de Bienestar Policial que reveló cifras tan llamativas como difíciles de explicar: entre septiembre y diciembre de 2024 se registraron 1.635 licencias médicas dentro de la fuerza, de las cuales 945 correspondieron a enfermedades comunes. Pero el dato más explosivo fue otro: más de la mitad de esos certificados fueron emitidos por un solo médico.

Se trata del doctor Hernán Pablo Aceri, quien firmó 499 certificados médicos en apenas cuatro meses, una cifra absolutamente fuera de cualquier parámetro habitual dentro del sistema sanitario fueguino.

La diferencia con el resto de los profesionales resulta todavía más impactante. La segunda médica con mayor cantidad de certificados emitidos -de apellido Lobos- firmó 192 licencias, mientras que el tercer profesional apenas registró 37 certificados en el mismo período.

Para los investigadores internos, los números no solo muestran una anomalía estadística: exponen la posible existencia de un mecanismo aceitado para justificar ausencias reiteradas de efectivos policiales mediante documentación médica presuntamente emitida sin controles rigurosos.

La sospecha se agravó aún más cuando las auditorías detectaron que el ausentismo se disparaba especialmente durante fines de semana y feriados, con un pico particularmente elevado en diciembre, coincidiendo con fechas sensibles para la cobertura operativa de la fuerza.

La situación ya provocó una reacción formal de la División Bienestar de la Policía Provincial, que emitió una circular dirigida a todo el personal policial y civil de la Zona Norte informando que dejarán de recibirse certificados firmados por Aceri debido a “inconsistencias técnicas detectadas en recientes auditorías” y a la existencia de investigaciones administrativas en curso.

Puertas adentro de la institución, el caso genera enorme preocupación porque el abuso de licencias médicas no solo habría provocado serios problemas operativos, sino también un fuerte impacto económico para el Estado provincial.

Fuentes vinculadas a la investigación aseguran que ahora se intenta determinar si detrás del esquema existió una operatoria sistemática de “venta” o facilitación irregular de certificados médicos destinados a cubrir faltas injustificadas, evitando sanciones y descuentos salariales a efectivos policiales.

Las autoridades provinciales ya evalúan realizar presentaciones ante áreas de Fiscalización Sanitaria para determinar si existieron irregularidades profesionales o incluso posibles delitos vinculados a la emisión de documentación médica.

El caso también abre interrogantes incómodos dentro de la estructura policial: cómo pudo sostenerse durante meses semejante nivel de certificados concentrados en un solo profesional sin que se activaran antes los mecanismos de control interno.

Mientras avanzan las actuaciones administrativas, el escándalo amenaza con transformarse en una de las investigaciones más delicadas de los últimos años dentro de la Policía fueguina, no solo por el presunto fraude documental, sino por el impacto directo que habría tenido sobre la presencia de efectivos en las calles y el funcionamiento operativo de la seguridad pública provincial.