GENERALES | 18 MAY 2026
COMIENZA EL JUICIO
Carlos Córdoba al banquillo: por una presunta millonaria maniobra con viviendas sociales de ATE
Este lunes comenzará en Ushuaia el juicio oral y público contra el secretario general de ATE Tierra del Fuego, Carlos Córdoba, acusado de haber encabezado una presunta maniobra de defraudación vinculada a viviendas sociales que debían ser destinadas a afiliados del gremio y trabajadores estatales. La causa, una de las más sensibles y resonantes de los últimos años dentro del ámbito sindical fueguino, también tiene como imputados al secretario de Vivienda del sindicato, Ángel Arana, y a Erik Enrique Moscoso Panozo, procesado por presunto lavado de activos.
El proceso judicial pondrá bajo la lupa un esquema de presuntas irregularidades detectadas en el programa de 128 viviendas del barrio Barrancas del Río Pipo, operatoria que había sido impulsada por el Instituto Provincial de la Vivienda y Hábitat (IPVyH) y que estaba destinada originalmente a dar respuestas habitacionales a afiliados de ATE.
De acuerdo con la acusación fiscal, Córdoba y Arana habrían utilizado su posición dentro de la estructura gremial para ofrecer lugares o supuestas soluciones habitacionales a personas que no cumplían con los requisitos establecidos para acceder a las viviendas. A cambio, según sostiene la investigación, habrían recibido dinero en efectivo, vehículos, cheques y distintos bienes materiales.
La causa investiga un total de 22 hechos de presuntas maniobras defraudatorias que, según el expediente, se concretaban mediante gestiones ante organismos públicos y la presentación de listados de postulantes que no formaban parte del universo legítimo de beneficiarios.
La gravedad de la acusación radica en que las viviendas involucradas correspondían a un programa social destinado a trabajadores y familias que esperaban acceder a una solución habitacional en una provincia marcada históricamente por el déficit de viviendas. Según la investigación judicial, varias personas habrían entregado importantes sumas de dinero bajo la promesa de obtener una casa, algo que finalmente nunca se concretó.
El expediente calcula que el perjuicio económico derivado de las maniobras asciende a más de 8 millones de pesos y alrededor de 52 mil dólares, montos entregados antes del año 2018, cuando comenzaron a radicarse las primeras denuncias.
En paralelo, el tercer acusado, Erik Enrique Moscoso Panozo, será juzgado por presuntas operaciones de lavado de activos. Según la investigación, habría participado en movimientos vinculados a maquinaria vial, cheques y contratos comerciales destinados a dar apariencia legal a bienes y fondos obtenidos a partir de las maniobras investigadas.
La acusación estará a cargo del fiscal Daniel Curtale, mientras que la defensa de los imputados será ejercida por los abogados José María Fernández López, Marisel Banegas y Rodrigo Guidi.
Además, el juicio contará con la participación de particulares damnificados y del propio Instituto Provincial de la Vivienda y Hábitat, que se presentó como querellante en la causa.
Un juicio de alto impacto político y sindical
El inicio del debate oral generó especial atención en el ámbito político y sindical fueguino debido a la figura de Córdoba, histórico dirigente estatal de la provincia y referente de ATE en Tierra del Fuego durante los últimos años.
La expectativa en torno al proceso es tal que el Poder Judicial dispuso un importante operativo de seguridad en el edificio de Tribunales de Ushuaia, con restricciones vehiculares y presencia policial en las inmediaciones para garantizar el normal desarrollo de las audiencias.
El juicio buscará determinar si existió una estructura organizada para comercializar de manera irregular viviendas sociales que debían destinarse exclusivamente a trabajadores afiliados al gremio, en una causa que expone una de las denuncias más delicadas relacionadas con el manejo de soluciones habitacionales en la provincia.
