Las declaraciones de Gabriela Castillo dejaron al descubierto a Victoria Vuoto

RIO GRANDE.- El destino de los recursos públicos destinados a paliar el costo del gas licuado envasado se colocó en el centro de la escena política fueguina. La controversia cobró fuerza a partir de los señalamientos de la ministra de Energía, Gabriela Castillo, quien expuso de forma abierta que el padrón de beneficiarios incluía a representantes de la política y a ciudadanos con un holgado pasar económico, llegando a aseverar que “había legisladores que también cobraban el subsidio de gas”.

Los dichos de la funcionaria provincial sirvieron de preámbulo para que comenzaran a filtrarse detalles específicos extraídos de las bases de datos de la asistencia. En medio de esa circulación de información, cobró notoriedad la presencia de la legisladora provincial Victoria Vuoto dentro de la nómina de personas alcanzadas por el beneficio gubernamental.

Los reportes vinculados al estado de esa cobertura revelaron que la parlamentaria experimentó una modificación en las condiciones de su asistencia en el último tiempo. De acuerdo con los datos recabados, la quita implicó un recorte del cincuenta por ciento en el volumen asignado, lo cual redujo su beneficio previo de 400 kilos a un tope actual de 200 kilos.

El escenario reinstaló las sospechas y las demandas de transparencia sobre el manejo de las partidas que la provincia inyecta para abaratar los cilindros de gas envasado. Los cuestionamientos de la opinión pública exceden a los miembros de los poderes del Estado, alcanzando también a dueños de establecimientos rurales, grandes empresarios y vecinos de buen poder adquisitivo que lograron mantenerse en los listados oficiales a lo largo de sucesivas gestiones.

Esta discusión ganó terreno justo en el momento en que el Poder Ejecutivo intenta aplicar modificaciones estructurales en el andamiaje de los subsidios locales. Desde la gobernación justifican el reordenamiento normativo bajo la premisa de depurar los padrones para volcar el acompañamiento estatal prioritariamente sobre aquellos grupos familiares en situación de vulnerabilidad real.

El sostenimiento del esquema tarifario para el gas de garrafa constituye uno de los mayores desafíos para la administración de las finanzas isleñas. En la actualidad, el dinero que la provincia destina a cubrir esta asistencia se consolidó como una de las obligaciones presupuestarias de mayor peso, demandando un desembolso anual que ya perforó el techo de los 60 mil millones de pesos.