RIO GRANDE.- Luego de haber permanecido durante una semana dentro de la Delegación de Gobierno de esta ciudad sin obtener definiciones concretas, vecinos de la Margen Sur, hicieron un impass y durante el fin de semana resolvieron avanzar con una nueva medida de protesta. En reuniones que llevaron adelante acordaron realizar una manifestación sobre el Puente General Mosconi para visibilizar el malestar generado por la eliminación de subsidios al gas envasado.
Casi un centenar de personas participaron de la protesta con pancartas y carteles en los que reclamaron una solución urgente ante el impacto que tendrá la medida sobre cientos de familias de bajos recursos.
En medio de la movilización, los manifestantes volvieron a cuestionar al Ejecutivo provincial por las conexiones domiciliarias a la red de gas natural que nunca se terminaron. Según señalaron, el Gobierno había recibido fondos para ejecutar alrededor de 3300 conexiones, aunque finalmente solo se habrían concretado unas 300 obras.
Los vecinos sostienen que gran parte de los trabajos quedaron paralizados pese a que en distintos barrios se realizaron relevamientos e inspecciones técnicas para avanzar con las instalaciones internas.
La protesta se desarrolló este martes por la tarde sobre el puente Mosconi, afectando el tránsito entre la Margen Sur y el centro de Río Grande. Allí, los vecinos reiteraron el rechazo a la aplicación de los artículos 205 y 209, medidas que contemplan incrementos tarifarios y la obligatoriedad de conectarse a la red de gas cuando exista tendido disponible en la zona.
Desde el Gobierno provincial argumentaron que parte de los beneficiarios del subsidio cuentan con acceso a otros sistemas de provisión de gas, motivo por el cual se decidió reducir o eliminar la asistencia en determinados sectores.
Sin embargo, quienes participaron de la manifestación aseguran que en barrios como José Hernández y Miramar, aunque la red pasa por el frente de las viviendas, muchas familias todavía no cuentan con conexiones intradomiciliarias y no tienen posibilidades económicas de afrontar esas obras por cuenta propia.
Otro de los puntos cuestionados fue la propuesta oficial de acceder a créditos bancarios para financiar las instalaciones internas. Los vecinos consideran que esa alternativa es impracticable para numerosas familias que no poseen empleo formal ni acceso al sistema financiero. Además, remarcan que no corresponde que deban asumir el costo de trabajos que ya habían sido presupuestados por el Estado, pero el dinero desapareció.
El impacto económico de la quita del subsidio aparece como una de las mayores preocupaciones. Actualmente, un tubo de 45 kilos cuesta alrededor de 113 mil pesos y tiene una duración aproximada de tres días. Según explicaron los vecinos, con los cambios aplicados el valor subsidiado trepará hasta los 99 mil pesos por unidad.
De acuerdo con las estimaciones realizadas por las familias afectadas, el gasto mensual en gas podría rondar los 500 mil pesos, un monto que consideran imposible de sostener para gran parte de los hogares de la Margen Sur.