La discusión ya dejó de ser solamente jurídica. Hoy el debate es profundamente político. Y lo que ocurre alrededor de la reforma constitucional empieza a mostrar una provincia atrapada en una disputa de poder que todavía no encuentra salida.
El gobernador Gustavo Melella decidió avanzar con el proceso de reforma mediante el Decreto 0751/26, que convocó formalmente a elecciones de convencionales constituyentes para el próximo 9 de agosto.
La postura del Ejecutivo es clara: la Ley Provincial 1529, que declaró la necesidad de la reforma, continúa vigente porque el veto del Gobierno dejó sin efecto la derogación impulsada por la Legislatura. Sobre esa interpretación, el oficialismo sostiene que el proceso electoral tiene plena legalidad y debe seguir adelante.
En las últimas horas, incluso el Ministerio Público Fiscal reforzó esa mirada al sostener que el recurso presentado ante la Corte Suprema no suspende automáticamente el proceso electoral.
La Fiscalía entendió además que la jueza electoral conserva competencia para avanzar con el cronograma y adoptar medidas que otorguen “certeza y claridad al electorado”.
Ese dictamen fue leído dentro del Gobierno como un respaldo institucional importante en medio de semanas de incertidumbre.
El problema es que el escenario está lejos de ordenarse completamente.
La jueza electoral había decidido días atrás suspender momentáneamente la emisión del cronograma electoral al advertir una “situación de inestabilidad” institucional alrededor del proceso.
La magistrada tomó esa decisión luego de la avanzada legislativa para derogar la ley que habilitaba la reforma y frente a la existencia de causas judiciales todavía abiertas.
Es decir: aunque el Gobierno insiste en que nada impide votar, la realidad es que el proceso sigue judicializado y todavía no existe una certeza absoluta de que la elección pueda desarrollarse sin nuevos obstáculos.
Y en Tierra del Fuego hay antecedentes muy frescos.
En agosto de 2024, el Superior Tribunal de Justicia suspendió las elecciones para convencionales constituyentes que ya habían sido convocadas por el Ejecutivo provincial. Ese antecedente sigue pesando sobre todo el escenario actual.
Como si el escenario no fuera ya suficientemente complejo, este viernes la Legislatura provincial volverá a sesionar en medio de un clima político explosivo.
La oposición buscará insistir con la derogación de la Ley 1529 —la norma que habilitó la reforma constitucional— intentando reunir nuevamente los votos necesarios para rechazar el veto firmado por Melella y dejar definitivamente sin efecto el proceso constituyente.
La sesión fue convocada para este viernes a las 15 horas en Ushuaia y promete reeditar el fuerte enfrentamiento entre el oficialismo y los sectores opositores que ya habían logrado aprobar la derogación durante la maratónica sesión del pasado 30 de abril.
En términos políticos, será una jornada clave.
Porque si la oposición logra insistir con la derogación y consigue los números necesarios para rechazar el veto del Ejecutivo, el conflicto institucional podría profundizarse todavía más y abrir un nuevo capítulo judicial sobre la validez del llamado a elecciones.
En otras palabras: mientras el Gobierno sostiene que el proceso sigue vigente y que el 9 de agosto se vota, la Legislatura se prepara para intentar volver a bajarle la persiana a la reforma.
Detrás de la discusión jurídica aparece la verdadera pelea política que atraviesa la provincia.
La reforma constitucional nunca logró consolidar consensos amplios. Desde el inicio estuvo rodeada de sospechas, internas y cuestionamientos vinculados principalmente a la posibilidad de habilitar reelecciones y rediscutir el equilibrio de poder en Tierra del Fuego.
La oposición acusa al oficialismo de intentar avanzar con una reforma “a medida” del poder político. El Gobierno, en cambio, sostiene que la Constitución provincial necesita modernizarse y actualizarse después de más de tres décadas.
En el medio quedó una Legislatura fracturada, con sectores que primero acompañaron el proceso y luego buscaron frenarlo, en una dinámica que terminó profundizando aún más la crisis institucional.
Hoy, formalmente, las elecciones para convencionales constituyentes siguen convocadas para el 9 de agosto. El Gobierno provincial ratifica que se vota y la Fiscalía sostuvo que el recurso ante la Corte no suspende automáticamente el proceso.
Pero la judicialización continúa abierta, el cronograma electoral todavía arrastra incertidumbre y ahora la Legislatura volverá a convertirse en escenario de una pulseada decisiva entre oficialismo y oposición.
Mientras tanto, la sociedad fueguina observa una discusión política cada vez más enredada y alejada de los problemas cotidianos de la provincia: empleo, industria, tarifas, inflación y crisis económica.
Por eso, en Tierra del Fuego, la pregunta sigue flotando en el aire.
Al final… ¿se vota o no se vota el 9 de agosto?