USHUAIA.- La intervención del Puerto de esta ciudad dispuesta por el Gobierno nacional continúa generando tensión política, reclamos laborales y preocupación en distintos sectores vinculados a la actividad marítima y turística de la provincia.
A más de cuatro meses de la medida implementada por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, desde el ámbito provincial cuestionan el funcionamiento actual de la terminal portuaria y advierten sobre posibles consecuencias económicas y operativas en uno de los principales motores de la economía fueguina.
Uno de los aspectos que más inquietud genera es el impacto que el conflicto podría tener sobre el turismo antártico y la operatoria de cruceros internacionales que utilizan Ushuaia como puerta de ingreso al continente blanco.
Desde sectores vinculados al turismo señalaron que la disputa política y administrativa alrededor del puerto está provocando incertidumbre entre operadores internacionales y compañías marítimas.
En paralelo, autoridades de la Dirección Provincial de Puertos cuestionaron duramente la intervención nacional y aseguraron que la terminal operaba con normalidad antes del desembarco de los funcionarios designados por Nación.
“El balance que hacemos de estos meses es sumamente negativo”, señalaron desde el organismo provincial, donde además sostienen que la intervención afectó la previsibilidad y la confianza que Ushuaia había logrado recuperar en los últimos años dentro del circuito turístico internacional.
Desde el ámbito provincial también remarcaron que la situación genera ventajas competitivas para puertos chilenos, particularmente Punta Arenas, ante la incertidumbre que atraviesa actualmente la operatoria fueguina.
Según indicaron, algunas embarcaciones ya comenzaron a modificar sus escalas y optar por puertos del país vecino.
Otro de los puntos cuestionados tiene que ver con la falta de comunicación entre la intervención nacional y las autoridades provinciales. Desde la Dirección Provincial de Puertos aseguraron que incluso funcionarios provinciales tienen restricciones para ingresar al área portuaria.
A esto se suman reclamos vinculados al funcionamiento operativo, controles de seguridad y documentación sanitaria exigida para las embarcaciones.
En ese contexto, también surgieron advertencias relacionadas con posibles deficiencias en certificaciones y controles sanitarios, especialmente luego del brote de hantavirus detectado tras el paso de un crucero.
Desde el sector portuario sostienen además que se redujeron controles vinculados al escaneo de equipajes, monitoreo y supervisión de personas dentro del puerto.
El conflicto también impactó en el plano laboral. Trabajadores portuarios denunciaron dificultades para acceder a sus puestos de trabajo desde el inicio de la intervención y advirtieron sobre la posibilidad de profundizar las medidas de protesta si no aparecen respuestas concretas.
La situación preocupa tanto al sector privado como a las autoridades políticas debido al rol estratégico que cumple el Puerto de Ushuaia para la actividad económica provincial, el abastecimiento y el turismo internacional.
Mientras tanto, el Gobierno provincial avanzó con presentaciones judiciales para intentar recuperar el control del puerto. Según trascendió, las acciones incluyen planteos ante la Corte Suprema de Justicia y la intervención directa de la Fiscalía de Estado.
En paralelo al conflicto, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación oficializó recientemente una licitación pública destinada al recambio y renovación del sistema de defensas del muelle.
La obra contempla la colocación de nuevas defensas y trabajos de infraestructura sobre distintos sectores operativos del puerto, luego de tareas de mantenimiento y reparaciones realizadas durante los últimos meses.