GENERALES | 28 MAY 2026
4 AñOS DE PRISIóN PARA CóRDOBA Y ARANA
La Justicia podría condenar a la cúpula de ATE por las viviendas del IPV
Tras años de investigación y un juicio cargado de tensión política y sindical, la Fiscalía consideró probadas las maniobras de estafa vinculadas a viviendas sociales destinadas a afiliados estatales. El viernes se conocerá el veredicto en una de las causas más resonantes de los últimos años en Tierra del Fuego.
El juicio por las presuntas maniobras fraudulentas en torno a viviendas sociales del Instituto Provincial de Vivienda (IPV) ingresó en su etapa final y la posibilidad de una condena para dos de los principales dirigentes de ATE en Tierra del Fuego aparece cada vez más cercana.
Este miércoles, durante los alegatos ante el Tribunal de Juicio en lo Criminal de Ushuaia, el fiscal Daniel Curtale sostuvo que quedaron acreditados los delitos de estafas reiteradas cometidos por Carlos Córdoba y Miguel Arana en el marco de la operatoria habitacional conocida como “128 Viviendas de las Barrancas del Río Pipo”.
Por ese motivo, solicitó una condena de cuatro años de prisión para ambos dirigentes sindicales.
El caso sacudió durante años al sindicalismo estatal fueguino y expuso graves cuestionamientos sobre el manejo de viviendas sociales que originalmente estaban destinadas a resolver la emergencia habitacional de afiliados y trabajadores estatales.
Una causa que golpeó el corazón del sindicalismo estatal
La investigación judicial comenzó en 2018 y desde entonces avanzó lentamente entre denuncias, declaraciones testimoniales y un extenso proceso de instrucción penal.
Según la acusación fiscal, Córdoba y Arana habrían llevado adelante distintas maniobras defraudatorias vinculadas a la adjudicación y comercialización irregular de viviendas sociales construidas bajo operatorias del IPV.
Para la Fiscalía, durante el juicio oral quedaron probados los 22 hechos investigados, consolidando así la acusación contra la conducción sindical.
El expediente describe presuntas maniobras donde viviendas destinadas a afiliados con necesidades habitacionales terminaban siendo utilizadas de manera irregular, comercializadas o adjudicadas mediante mecanismos cuestionados.
La causa no sólo tuvo impacto judicial, sino también político y social, ya que puso bajo sospecha el manejo de un recurso extremadamente sensible en Tierra del Fuego: el acceso a la vivienda.
El fiscal pidió condena y habló de estafas reiteradas
Durante su alegato, Curtale sostuvo que las pruebas reunidas a lo largo del proceso permiten atribuir responsabilidad penal directa tanto a Córdoba como a Arana.
La acusación quedó centrada en el delito de estafas reiteradas, una figura que ahora podría derivar en condenas de prisión efectiva dependiendo del criterio final del tribunal.
El pedido fiscal representa uno de los momentos más delicados en la historia reciente de ATE Tierra del Fuego, especialmente por tratarse de dirigentes con fuerte peso político y sindical dentro de la provincia.
Las defensas intentaron despegarse de las maniobras
Las defensas de los imputados rechazaron de manera categórica la acusación.
La abogada de Carlos Córdoba, Marisel Banegas, solicitó la absolución total de su defendido argumentando que no existió administración fraudulenta ni participación directa en las maniobras denunciadas.
Por su parte, el defensor oficial de Miguel Arana, José María Fernández López, sostuvo que la conducta atribuida a su cliente podría considerarse “inmoral”, pero no un delito penal.
La frase dejó una fuerte repercusión dentro y fuera de la sala judicial, al reconocer implícitamente cuestionamientos éticos sobre el manejo de las viviendas.
Absolución para el tercer imputado
En paralelo, el fiscal pidió la absolución de Eric Moscoso Panozo, quien había llegado al juicio acusado por presuntas maniobras de lavado de activos.
Según explicó Curtale, no se encontraron elementos de prueba suficientes para sostener esa acusación.
La defensa de Moscoso Panozo coincidió con el pedido de absolución, aunque rechazó que fuera “por el beneficio de la duda”, insistiendo en que directamente no existió delito alguno.
El viernes podría conocerse un fallo histórico
El Tribunal dispuso un cuarto intermedio hasta este viernes a las 9 de la mañana, momento en que los acusados tendrán la posibilidad de pronunciar sus últimas palabras antes de la resolución judicial.
Todo indica que durante esa misma jornada podría conocerse el veredicto en un expediente que durante años generó enorme repercusión política, sindical y social en Tierra del Fuego.
La expectativa es máxima.
No sólo por el peso de los dirigentes involucrados, sino porque el fallo podría convertirse en un precedente clave respecto al manejo de viviendas sociales y el control sobre recursos destinados a resolver una de las problemáticas más sensibles de la provincia: la crisis habitacional.
