La decisión fue presentada oficialmente por el presidente de OSEF, Gustavo García, como un “avance importante” para garantizar prestaciones médicas a afiliados fueguinos en Córdoba. Según se informó, el nuevo convenio comenzará a regir desde el 1 de junio y contempla además un plan de regularización de deuda con la prestadora cordobesa.
Sin embargo, detrás del anuncio aparecen preguntas inevitables sobre el manejo de la obra social y las decisiones tomadas en los últimos meses por quienes condujeron el organismo.
A fines de noviembre del año pasado, los entonces representantes de los trabajadores en el directorio de OSEF, el dirigente del SUTEF Franco Tomasevich por los activos y José María Martín por los pasivos, impulsaban públicamente la firma de un nuevo convenio con SANOS Salud para reemplazar justamente a APROSS.
Aquella contratación fue presentada como una solución moderna y eficiente para los afiliados fueguinos en Córdoba. Pero el acuerdo duró apenas medio año.
Lo llamativo es que hoy OSEF vuelve exactamente al prestador que había sido descartado por la conducción anterior, luego de que SANOS implicara un compromiso económico millonario para una obra social que atraviesa una de las peores crisis de su historia.
Según trascendió en informes periodísticos publicados durante el cierre de la gestión de Tomasevich en OSEF, el convenio con SANOS demandaba un desembolso superior a los 180 millones de pesos mensuales para la obra social fueguina.
Ese contrato, firmado con una velocidad sorprendente, quedó ahora prácticamente desactivado con el regreso de APROSS, lo que abre una serie de interrogantes inevitables:
¿Por qué se abandonó APROSS hace apenas seis meses?
¿Qué costos implicó rescindir o dejar caer aquel acuerdo?
¿Quiénes se beneficiaron con el convenio firmado con SANOS Salud?
¿Quién asume hoy el costo económico de este nuevo cambio de prestador?
Las dudas crecen aún más si se tiene en cuenta el contexto de fuerte deterioro financiero y operativo que vive la obra social estatal, con denuncias permanentes por falta de medicamentos, demoras en tratamientos y dificultades de atención para miles de afiliados.
Pero además, las sospechas alrededor de la gestión de OSEF no se limitan únicamente a los contratos médicos.
Durante los últimos meses, distintos sectores sindicales y medios de comunicación expusieron una serie de designaciones internas vinculadas a familiares y allegados políticos de dirigentes gremiales ligados a la conducción de la obra social.
Algo que si vale recordar no es nuevo, todavia se recuerda el caso involucró directamente al propio Franco Tomasevich, luego de la designación de su pareja, Julieta García, en un cargo jerárquico dentro del área de compras médicas de OSEF con un salario millonario.
La polémica escaló aún más cuando también se conocieron cuestionamientos por otras incorporaciones vinculadas a familiares y allegados del entorno sindical.
Todo esto ocurre mientras miles de afiliados siguen padeciendo una obra social desfinanciada, con prestaciones deterioradas y una situación económica cada vez más dificíl.
Detrás del nuevo convenio con APROSS quedan preguntas demasiado grandes como para ser ignoradas. ¿Quién gana realmente con estos cambios permanentes de prestadores? ¿Cuánto le costaron a OSEF -y en definitiva a todos los afiliados- estas idas y vueltas millonarias en apenas seis meses? ¿Y por qué una obra social al borde del colapso financiero continúa tomando decisiones que generan más sospechas que tranquilidad? En medio de una crisis que golpea directamente a miles de fueguinos, el detrás de escena de OSEF empieza a mostrar algo más profundo: internas de poder, negocios difíciles de explicar y un descontrol administrativo que ya dejó de ser solamente una preocupación política para transformarse en un verdadero escándalo público.