Fossatto salió a defender la reforma y acusó un exceso de la Justicia Electoral

Durante una entrevista en FM del Pueblo, el funcionario sostuvo que el Gobierno busca que la Cámara revierta la sentencia y permita retomar el proceso electoral previsto para el próximo 9 de agosto.

“Entendemos que hubo un exceso jurisdiccional por parte de la sentencia”, afirmó Fossato, al cuestionar que la magistrada haya reinterpretado el alcance de una resolución que ya había sido dictada por el Superior Tribunal de Justicia.

Según explicó, el máximo tribunal provincial ya se había pronunciado sobre la constitucionalidad de la Ley 1529, que declaró la necesidad de la reforma constitucional, y además había otorgado un nuevo plazo para que el Poder Ejecutivo realizara la convocatoria electoral.

El funcionario insistió en que la presentación realizada ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación no tiene efectos suspensivos sobre el proceso y, por lo tanto, no debería impedir la continuidad del cronograma electoral.

“La queja presentada ante la Corte no suspende el proceso electoral”, remarcó, al sostener que la jurisdicción provincial ya agotó las instancias correspondientes y que la sentencia del Superior Tribunal mantiene plena vigencia.

Fossatto también defendió la legalidad del Decreto 751/26 y afirmó que el acto administrativo reúne todos los requisitos exigidos por la normativa provincial para ser considerado válido.

Además, cuestionó los tiempos en los que se produjo la resolución judicial. Señaló que la nulidad fue dictada aproximadamente treinta días después de haberse notificado oficialmente la convocatoria y cuando ya se habían realizado distintas actuaciones vinculadas al proceso electoral.

“No encontramos una objeción material concreta que impidiera avanzar con la elección”, sostuvo.

En ese sentido, el funcionario consideró que la incertidumbre generada por el fallo afecta directamente el cronograma previsto para la elección de convencionales constituyentes y advirtió que cada día de demora reduce las posibilidades de cumplir con las etapas preelectorales establecidas.

Actualmente, la apelación se encuentra en trámite y se otorgó un plazo de cinco días para que los partidos políticos puedan intervenir en el expediente. Una vez cumplida esa instancia, el Gobierno espera que la causa sea elevada a la Cámara para que resuelva sobre el planteo oficial.

Mientras tanto, desde la Casa de Gobierno mantienen la postura de que el decreto sigue siendo un acto válido y que la elección convocada para el 9 de agosto debe continuar su curso.