Arroyo cuestionó el fallo de Zanini y defendió la continuidad de la reforma

La funcionaria explicó en FM La Isla, que la presentación realizada por el Gobierno apunta a reactivar el proceso electoral previsto para elegir convencionales constituyentes y avanzar con la reforma de la Constitución provincial.

“La presentación ante la Corte Suprema de una queja no suspende los efectos del fallo del Superior”, afirmó Arroyo al referirse a uno de los principales argumentos utilizados por el Ejecutivo en la apelación.

Según sostuvo, la interpretación realizada por la jueza Mariel Zanini respecto de la firmeza de la sentencia del Superior Tribunal de Justicia es incorrecta y desconoce el alcance de la decisión adoptada previamente por el máximo órgano judicial de la provincia.

“Si bien es verdad que en el artículo cuarto incluye la redacción que dice ‘firme la presente’, esto tiene que entenderse dentro de la jurisdicción que tiene el Superior Tribunal, que es el fuero local”, señaló.

Desde la Provincia sostienen que el Superior Tribunal ya había validado la Ley 1529, levantado las restricciones que pesaban sobre el proceso y habilitado una nueva convocatoria electoral, por lo que entienden que el decreto firmado por el gobernador Gustavo Melella fue emitido dentro de las facultades legales vigentes.

Otro de los puntos que cuestionó Arroyo fue la decisión de la magistrada de dar intervención a los partidos políticos para que expresen opinión sobre la apelación presentada por el Gobierno.

“Sabemos que esto ya se ha hecho porque figura en el expediente y les da un plazo de cinco días para emitir una opinión sobre esta apelación”, indicó.

La funcionaria admitió que la medida generó sorpresa dentro del Ejecutivo.

“Es algo llamativo”, expresó.

Y agregó: “Desconocemos por qué no hizo esta consulta antes de emitir ese fallo, si es que los partidos políticos habían adquirido derechos sobre este llamado”.

Arroyo también cuestionó otro de los argumentos centrales de la resolución judicial, vinculado a la supuesta falta de motivación del decreto de convocatoria.

“No coincidimos con que el acto administrativo no posea motivación”, sostuvo.

En ese sentido explicó que el decreto contiene antecedentes, fundamentos jurídicos y referencias expresas a todo el proceso institucional que desembocó en la convocatoria electoral.

La funcionaria remarcó además que la Provincia pidió que la apelación tenga tratamiento urgente debido al impacto institucional que genera la paralización del proceso.

“Pedimos que se le dé trámite urgente por la cuestión institucional”, afirmó.

Para el Gobierno fueguino, la discusión excede la validez de un decreto y se vincula con el respeto a las decisiones adoptadas por el Superior Tribunal de Justicia. Por eso, la apelación presentada busca que la Cámara revise la resolución y permita continuar con el proceso electoral convocado originalmente para el 9 de agosto.

“Hay cuestiones de división de poderes y de gravedad institucional que no se están observando de la misma manera que las entendemos nosotros”, advirtió Arroyo al justificar la postura del Ejecutivo provincial.