Fossatto cruzó a la Justicia Electoral y habló de un exceso jurisdiccional

En diálogo con FM Del Pueblo, el funcionario explicó que la reciente promulgación de la Ley Provincial N.º 1626, que derogó la declaración de necesidad de la reforma constitucional, no modifica la postura que mantiene el Gobierno respecto de la validez del proceso iniciado por la Ley N.º 1529.

Fossatto recordó que la promulgación de la norma se realizó en cumplimiento de las obligaciones constitucionales que tiene el Poder Ejecutivo luego de la insistencia legislativa. Sin embargo, aclaró que ello no implica abandonar la defensa jurídica de la reforma.

“La promulgación responde al cumplimiento de los mecanismos que prevé la Constitución para la formación y sanción de las leyes”, afirmó.

El funcionario indicó que actualmente existen dos frentes abiertos. Por un lado, la vigencia de la ley que dejó sin efecto la declaración de necesidad de la reforma y, por otro, la apelación presentada por el Gobierno contra la sentencia que anuló la convocatoria electoral para elegir convencionales constituyentes.

En ese contexto, Fossatto sostuvo que el Ejecutivo considera que la Legislatura agotó sus facultades una vez sancionada la Ley 1529 y que el proceso de reforma ya había sido puesto en marcha mediante la convocatoria electoral correspondiente.

“Entendemos que la intervención de la Legislatura culminó cuando declaró la necesidad de la reforma. A partir de allí comenzó un proceso institucional que debía continuar su curso”, expresó.

Asimismo, fue crítico con la resolución de la Justicia Electoral y afirmó que la decisión avanzó sobre una cuestión que ya había sido analizada previamente por el Superior Tribunal de Justicia.

“Para nosotros hubo un exceso jurisdiccional porque existía un pronunciamiento previo del Superior Tribunal de Justicia que había resuelto aspectos centrales del proceso”, remarcó.

Fossatto explicó que el Gobierno aguarda ahora que la Cámara de Apelaciones analice los recursos presentados y no descartó que la controversia vuelva a ser evaluada por el máximo tribunal provincial.

Además, insistió en que la promulgación de la Ley 1626 y la continuidad de las acciones judiciales no representan posiciones incompatibles, sino que forman parte del normal funcionamiento institucional de la provincia.

“La promulgación demuestra la madurez institucional y el respeto al principio republicano, pero eso no significa que el proceso haya terminado”, señaló.

Por último, ratificó que el Ejecutivo seguirá utilizando todas las herramientas legales disponibles para sostener la validez de la reforma constitucional impulsada originalmente por la Ley 1529.

“El Gobierno seguirá ejerciendo todas las acciones legales que correspondan para defender la validez del proceso de reforma constitucional”, aseguró.

De esta manera, mientras la ley que derogó la reforma ya se encuentra vigente, el Gobierno provincial mantiene abierta la disputa judicial y sostiene que todavía quedan instancias por resolver antes de dar por cerrada una discusión que continúa generando tensión política e institucional en Tierra del Fuego.