NACIONALES | 15 JUN 2026
LOS "INOCENTES" DEL PODER
Funcionarios libertarios se acogieron al régimen que permite blanquear patrimonio sin explicar
Adorni, Sturzenegger, Espert, Francos y otros referentes del oficialismo aparecen entre quienes solicitaron ingresar al régimen de "Inocencia Fiscal" impulsado por el propio Gobierno. La polémica crece porque la herramienta permite regularizar situaciones tributarias y reduce los controles sobre el origen de bienes y patrimonios acumulados. La oposición denuncia un mecanismo hecho a medida de la nueva casta libertaria.
La promesa era terminar con los privilegios de la política y solo hieron lo contrario, usar el poder a su favor.
La realidad muestra a varios de los principales funcionarios y dirigentes de La Libertad Avanza anotándose en un régimen creado por el propio Gobierno que les permite regularizar patrimonios sin tener que explicar en detalle el origen de sus bienes, consumos o movimientos económicos previos.
La llamada Ley de "Inocencia Fiscal", presentada por el oficialismo como una revolución tributaria destinada a terminar con la persecución estatal sobre los contribuyentes, quedó envuelta en una creciente controversia luego de que trascendiera que varios funcionarios, asesores y dirigentes cercanos al presidente Javier Milei decidieron acogerse a sus beneficios.
La polémica estalló inicialmente con el caso del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su esposa Bettina Angeletti, quienes solicitaron ingresar al Régimen Simplificado de Ganancias en medio de cuestionamientos por la evolución de su patrimonio.
Pero la lista no terminó allí.
La lista de los "inocentes"
Según distintos registros y publicaciones periodísticas, entre quienes solicitaron adherirse al régimen aparecen nombres centrales del oficialismo:
- Manuel Adorni.
- Bettina Angeletti.
- Federico Sturzenegger.
- José Luis Espert.
- Guillermo Francos.
- Andrés Vázquez (titular de ARCA).
- Felipe Núñez.
- Federico Furiase.
- Santiago Oría.
- Fernando Iglesias.
- José Benegas Lynch.
- Aimé "Meme" Vázquez, entre otros.
La situación genera un fuerte ruido político porque muchos de ellos no sólo integran el Gobierno o su círculo más cercano, sino que además fueron impulsores, defensores o promotores públicos de la propia norma.
¿Qué permite la ley?
El Gobierno sostiene que el régimen busca simplificar el sistema tributario argentino y reducir la persecución fiscal sobre contribuyentes que durante años operaron en la informalidad producto de la presión impositiva.
La ley elevó los montos mínimos para configurar delitos de evasión tributaria y creó un Régimen Simplificado de Ganancias que permite realizar declaraciones juradas mucho menos detalladas que las tradicionales. Entre otras ventajas, los adherentes no deben presentar el nivel de detalle patrimonial que históricamente exigía el fisco y obtienen un "bloqueo fiscal" sobre períodos anteriores una vez regularizada su situación.
Para sus defensores, se trata de una herramienta destinada a facilitar la formalización económica.
Para sus detractores, es una puerta que puede permitir blanquear dinero acumulado fuera de los controles estatales sin que existan preguntas incómodas sobre su origen.
La contradicción que golpea al discurso libertario
La principal crítica no apunta únicamente a la existencia de la ley.
El cuestionamiento surge porque quienes más rápidamente recurrieron a sus beneficios fueron dirigentes que construyeron buena parte de su identidad política denunciando a la "casta", cuestionando los privilegios de los funcionarios públicos y reclamando transparencia absoluta sobre el patrimonio de los dirigentes.
La contradicción se volvió todavía más visible después de conocerse que algunos de los adherentes ocupan cargos de máxima responsabilidad institucional, incluyendo ministros, legisladores, asesores presidenciales y funcionarios vinculados al organismo encargado de controlar la situación tributaria de los argentinos.
Las preguntas que siguen sin respuesta
Es importante señalar que adherirse al régimen no constituye por sí mismo un delito ni prueba la existencia de corrupción, enriquecimiento ilícito o lavado de dinero. La propia normativa establece que no impide investigaciones penales por esos delitos cuando existan elementos que las justifiquen.
Sin embargo, la controversia política permanece abierta.
¿Por qué funcionarios públicos que administran recursos del Estado necesitan acogerse a un régimen destinado a regularizar situaciones patrimoniales?
¿Qué tipo de bienes, fondos o activos buscan incorporar al sistema?
¿Por qué quienes llegaron al poder prometiendo terminar con los privilegios son hoy algunos de los principales beneficiarios de una herramienta creada por su propio gobierno?
Son interrogantes que el oficialismo todavía no logró despejar.
De la "casta" a la autoamnistía fiscal
Lo que comenzó como una reforma tributaria presentada como un acto de libertad económica terminó convirtiéndose en un problema político para la Casa Rosada.
La imagen de funcionarios, asesores y dirigentes oficialistas corriendo a inscribirse en el régimen alimentó las sospechas de la oposición y abrió una discusión mucho más profunda sobre la ética pública.
Porque si durante años el discurso libertario denunció que la política utilizaba el Estado para protegerse a sí misma, ahora las miradas apuntan hacia quienes impulsaron una ley cuyos primeros beneficiarios parecen haber sido los propios integrantes del poder.
Y en esa paradoja se concentra hoy una de las mayores crisis de credibilidad que enfrenta el gobierno de Javier Milei.
