Cada vez que el Congreso intenta abrir una instancia para que Manuel Adorni responda preguntas sobre su situación patrimonial, aparece una nueva maniobra política destinada a ganar tiempo, modificar las reglas o directamente evitar el debate.
Esta vez la decisión fue más drástica: el Gobierno suspendió el informe de gestión que el propio jefe de Gabinete había comprometido para el próximo 2 de julio ante el Senado de la Nación. La medida fue impulsada por el oficialismo luego de reconocer que la exposición podía convertirse en una verdadera interpelación pública sobre las denuncias que pesan sobre el funcionario.
La decisión genera aún más ruido porque apenas el 16 de junio el propio Adorni había enviado una nota formal a la vicepresidenta Victoria Villarruel confirmando su presencia en la Cámara Alta para cumplir con el informe de gestión número 146 previsto por la Constitución Nacional.
Sin embargo, aquella promesa duró apenas unos días.
El cambio de postura expone la creciente incomodidad que genera la situación política del funcionario.
Cuando anunció su presentación ante el Senado, el Gobierno buscaba desactivar los pedidos de interpelación y moción de censura impulsados por distintos sectores de la oposición. La apuesta consistía en ofrecer un informe institucional para evitar una confrontación directa en el recinto.
Pero el plan no funcionó.
Con el correr de los días quedó claro que numerosos bloques pretendían aprovechar la presencia de Adorni para exigir explicaciones sobre las inconsistencias detectadas en sus declaraciones patrimoniales, el crecimiento de sus bienes y las investigaciones judiciales en curso.
Ante ese escenario, la conducción libertaria optó por cancelar directamente la exposición.
La explicación oficial llegó a través de Patricia Bullrich, presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, quien sostuvo que no tenía sentido que Adorni asistiera para ser sometido durante horas a cuestionamientos políticos. Según admitió la propia legisladora, el objetivo fue evitar que el informe de gestión terminara convirtiéndose en una interpelación encubierta.
La situación de Adorni se transformó en uno de los principales dolores de cabeza para la Casa Rosada.
Lo que comenzó como una serie de revelaciones sobre bienes no declarados y movimientos patrimoniales terminó derivando en pedidos de interpelación, mociones de censura, investigaciones judiciales y una creciente presión política sobre el funcionario.
En las últimas semanas el oficialismo desplegó una intensa estrategia parlamentaria para impedir que esos cuestionamientos llegaran al recinto.
Primero bloqueó intentos de interpelación en Diputados. Después impulsó cambios reglamentarios para elevar las mayorías necesarias en el Senado. Más tarde adelantó la fecha del informe de gestión para contener a los bloques dialoguistas. Y ahora directamente suspendió la presentación.
Cada movimiento tuvo el mismo objetivo: evitar que Adorni quede expuesto ante los legisladores.
La cancelación del informe puede resolver un problema parlamentario inmediato para el Gobierno, pero difícilmente cierre la discusión política.
Por el contrario, la decisión alimenta las críticas de quienes sostienen que el oficialismo intenta blindar al jefe de Gabinete frente a cualquier instancia de control institucional.
La pregunta que sobrevuela el Congreso es cada vez más evidente.
Si hace una semana Adorni estaba dispuesto a presentarse ante el Senado, ¿qué cambió para que ahora el Gobierno considere inconveniente su presencia?
La respuesta oficial habla de evitar una exposición política excesiva.
La respuesta de la oposición es mucho más sencilla: sostienen que el Gobierno teme que el funcionario deba responder preguntas que todavía no puede explicar.