GENERALES | 25 JUN 2026
CONTRATO SIN LICITACIóN
Hospitales fueguinos: una contratación de casi USD 500.000 y un expediente que todavía guarda respuestas
El Gobierno provincial adjudicó un contrato cercano a los USD 500.000 para el mantenimiento de equipamiento crítico de hemodiálisis en los hospitales de Ushuaia y Río Grande. La importancia del servicio es indiscutible. Lo que todavía no está claro es por qué una contratación de semejante magnitud terminó bajo un esquema de contratación directa y cuáles fueron los criterios utilizados para seleccionar al proveedor.
La contratación por casi medio millón de dólares realizada por el Ministerio de Salud comenzó a generar interrogantes sobre el procedimiento utilizado para garantizar un servicio esencial en los hospitales públicos de la provincia.
La operación contempla el mantenimiento por 24 meses de equipos de hemodiálisis, lavadoras de filtros y plantas de tratamiento de agua instaladas en el Hospital Regional Ushuaia y el Hospital Regional Río Grande. Se trata de equipamiento indispensable para la atención de pacientes con insuficiencia renal, por lo que nadie discute la necesidad de asegurar su correcto funcionamiento.
Sin embargo, el monto involucrado y la modalidad elegida colocan la contratación bajo la lupa.
La primera pregunta es sencilla: ¿por qué una contratación cercana a los 500.000 dólares se realizó mediante un mecanismo de contratación directa?
La normativa provincial contempla este tipo de procedimientos para situaciones excepcionales, urgencias o casos de exclusividad técnica. Pero hasta el momento no se difundieron públicamente los fundamentos técnicos completos que permitan conocer si existía un único proveedor habilitado para prestar el servicio o si podían participar otras empresas especializadas.
Tampoco se conocen detalles sobre la cantidad de ofertas recibidas, si existió competencia efectiva entre proveedores o si el proceso se resolvió con un único oferente.
Otra cuestión relevante es la composición del monto adjudicado.
¿Corresponde exclusivamente a mano de obra especializada? ¿Incluye repuestos? ¿Prevé actualizaciones tecnológicas? ¿Qué porcentaje del contrato corresponde a servicios y qué parte a provisión de componentes importados?
La respuesta resulta importante porque la contratación se realiza en dólares en un contexto donde el propio Estado provincial viene advirtiendo sobre dificultades presupuestarias y una fuerte caída de recursos.
El expediente también abre un debate más amplio sobre la dependencia tecnológica del sistema sanitario.
Si efectivamente los hospitales cuentan con equipamiento que solamente puede ser mantenido por proveedores vinculados al fabricante original, la Provincia enfrenta una situación de dependencia que reduce la competencia y limita su capacidad de negociación en futuras contrataciones.
En otras palabras: si existe un único proveedor posible, el problema no es solamente esta contratación sino el modelo de adquisición tecnológica que se viene desarrollando desde hace años.
La situación adquiere especial relevancia porque los servicios de hemodiálisis constituyen una prestación crítica. Cualquier interrupción puede afectar tratamientos vitales para decenas de pacientes fueguinos que dependen diariamente de estos equipos.
Por eso mismo, cuanto mayor es la importancia estratégica del servicio, mayor debería ser también el nivel de transparencia sobre los procedimientos utilizados para contratarlo.
Hasta el momento no se difundieron públicamente la resolución completa de adjudicación, los informes técnicos que respaldaron la modalidad elegida, la identidad detallada de la firma adjudicataria ni los criterios económicos utilizados para determinar que la oferta seleccionada era la más conveniente para el Estado.
En una provincia donde cada peso del presupuesto es motivo de discusión política, una contratación cercana al medio millón de dólares merece algo más que un anuncio administrativo: merece explicaciones públicas, documentación accesible y la certeza de que cada decisión se tomó bajo los más altos estándares de transparencia.
Porque cuando se trata de salud pública, garantizar el servicio es una obligación. Pero garantizar la transparencia también.
