La Comunidad Selk'nam apartó de la conducción a cuatro integrantes

RIO GRANDE.- La Comunidad Indígena selk'nam Rafaela Ishton informó que la Asamblea Extraordinaria realizada el pasado 13 de junio en Río Grande resolvió la expulsión de cuatro integrantes de su conducción y dispuso el cese de sus funciones dentro de la organización.

Según el comunicado difundido por la institución, la medida alcanzó a Antonella Guevara, quien se desempeñaba como vicepresidenta; Eleonora Anderson, secretaria; Alesis Palma González, tesorero; y Mara Loza, integrante del Órgano de Contralor.

La Comunidad señaló que, como consecuencia de la decisión adoptada por la Asamblea, estas personas dejaron de estar autorizadas para representar institucionalmente a la organización, realizar gestiones administrativas, suscribir documentación o efectuar presentaciones y declaraciones en su nombre.

Asimismo, informó que la resolución fue comunicada a organismos nacionales, provinciales y municipales, además de instituciones públicas y privadas, solicitando que no se reconozcan como válidas eventuales actuaciones realizadas por los integrantes apartados en representación de la Comunidad.

De acuerdo con la información oficial, la Asamblea contó con la participación de 90 integrantes con derecho a voto, representantes de Ushuaia, Tolhuin y Río Grande, alcanzando el quórum previsto en el Estatuto Comunitario. La organización indicó además que las resoluciones fueron acompañadas por más de 150 firmas de miembros de la comunidad.

En el mismo comunicado también se hizo referencia a la situación de Daniela Guevara, quien actualmente figura como delegada ante el Consejo de Participación Indígena (CPI). La Comunidad aclaró que esa designación corresponde a una prórroga administrativa y sostuvo que no implica el ejercicio de funciones como autoridad comunitaria ni le otorga representación institucional.

Finalmente, la organización remarcó que las decisiones fueron adoptadas en ejercicio de su autonomía y autogobierno, en el marco de la Constitución Nacional, la Ley 23.302, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y su Estatuto Comunitario. También informó que las actuaciones fueron notificadas al Gobierno de Tierra del Fuego, a los municipios de Río Grande, Tolhuin y Ushuaia, y a los organismos competentes.