POLíTICA | 2 JUL 2026
ULTIMáTUM GREMIAL
Sosa: "No queremos más a Castillo como interlocutora"
El secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Tierra del Fuego, Luis Sosa, confirmó que el gremio decidió interrumpir el diálogo con la ministra de Obras y Servicios Públicos, Gabriela Castillo, y solicitó directamente al gobernador Gustavo Melella que deje de ser la representante del Ejecutivo en el conflicto que atraviesan los trabajadores petroleros.
En declaraciones a FM Del Pueblo, el dirigente sindical explicó que la decisión fue tomada luego de reiteradas reuniones sin resultados concretos y sostuvo que la ministra no refleja la situación real que viven los trabajadores.
"No queremos más a Castillo como interlocutora", afirmó Sosa, al tiempo que aseguró que el planteo ya fue comunicado al gobernador. Según explicó, el Ejecutivo provincial fue informado de que la interlocución con la funcionaria quedó interrumpida, ya que consideran que la información que recibe y transmite no coincide con la realidad del conflicto.
El dirigente señaló que todavía quedan 217 trabajadores sin reincorporarse luego del traspaso de operaciones entre YPF y Terra Ignis y denunció que esas familias llevan cerca de dos meses sin percibir salarios ni aguinaldo.
Además, cuestionó el ritmo de las reincorporaciones al indicar que de los 260 trabajadores previstos, solamente fueron incorporados 43, una cifra que calificó como totalmente insuficiente frente a la urgencia económica que atraviesan los empleados.
Frente a ese escenario, recordó que la asamblea del gremio resolvió por unanimidad iniciar una medida de fuerza, la cual continúa vigente y no será levantada hasta que exista una respuesta concreta que garantice la reincorporación de los trabajadores y el pago de los haberes adeudados.
Sosa indicó que durante las últimas horas mantuvo una conversación con el gobernador Gustavo Melella, quien se comprometió a revisar la situación y dialogar con las empresas involucradas para acelerar una solución. Sin embargo, aclaró que el compromiso verbal no alcanza y que el sindicato mantendrá el plan de lucha hasta obtener resultados efectivos.
El dirigente también dirigió críticas hacia la Legislatura provincial al sostener que los legisladores tienen la responsabilidad de controlar las acciones del Gobierno y reclamó una mayor participación institucional para destrabar un conflicto que, según afirmó, afecta no solo a los trabajadores petroleros sino también a la economía de Río Grande, debido al impacto que genera la falta de ingresos de más de doscientas familias.
