NACIONALES | 17 JUL 2026
PATRIMONIO DE LOS FUNCIONARIOS
Gobierno Nacional: volvió a prorrogar el plazo para la declaracion de bienes
La Oficina Anticorrupción extendió nuevamente el vencimiento para la presentación de las declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios nacionales. La decisión posterga por segunda vez en el año una obligación prevista por la Ley de Ética Pública y vuelve a generar cuestionamientos sobre los mecanismos de transparencia de una administración que ya perdió a varios de sus principales funcionarios por denuncias e investigaciones vinculadas a presuntas irregularidades patrimoniales.
En momentos en que la transparencia patrimonial de los funcionarios ocupa el centro de la escena política, el Gobierno nacional decidió volver a correr el reloj.
La Oficina Anticorrupción oficializó una nueva prórroga para la presentación de las Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales correspondientes al ejercicio 2025. El plazo, que originalmente vencía en mayo y luego había sido trasladado al 31 de julio, ahora se extendió hasta el 31 de agosto de 2026 mediante la Resolución 7/2026 publicada en el Boletín Oficial.
La medida alcanza a miles de funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional que, por ley, deben informar anualmente la evolución de su patrimonio, sus bienes, deudas e intereses económicos para permitir el control público sobre posibles casos de enriquecimiento ilícito o conflictos de intereses.
Un nuevo cambio de reglas
La decisión no pasó inadvertida.
Las declaraciones juradas constituyen una de las principales herramientas previstas por la Ley 25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública para transparentar el patrimonio de quienes administran recursos del Estado.
Sin embargo, el propio Gobierno volvió a modificar los plazos que había fijado pocos meses atrás.
La primera prórroga había sido oficializada en abril, cuando el vencimiento pasó de mayo al 31 de julio. Ahora, antes de llegar esa fecha, el Ejecutivo decidió otorgar un mes adicional para cumplir con una obligación legal.
Transparencia bajo cuestionamiento
La resolución llega en un contexto especialmente sensible para la administración de Javier Milei.
Durante los últimos meses, varios funcionarios nacionales quedaron envueltos en investigaciones judiciales y denuncias relacionadas con la evolución de sus patrimonios, incompatibilidades y posibles hechos de corrupción.
El caso de mayor impacto político fue el del ex vocero presidencial y luego jefe de Gabinete, Manuel Adorni, cuya situación patrimonial derivó en pedidos de interpelación parlamentaria, investigaciones judiciales y finalmente en su salida del Gobierno.
La discusión sobre las declaraciones juradas había adquirido especial relevancia precisamente porque distintos sectores políticos reclamaban conocer el detalle de los bienes de los principales funcionarios nacionales.
Una obligación que vuelve a postergarse
Desde la Oficina Anticorrupción argumentaron que la prórroga responde a cuestiones administrativas vinculadas a la disponibilidad de información fiscal necesaria para completar correctamente las presentaciones.
No obstante, la decisión alimentó nuevas críticas de sectores de la oposición, que consideran contradictorio que el propio Estado flexibilice los plazos para cumplir una obligación que la ley establece justamente para fortalecer la transparencia.
El cuestionamiento resulta inevitable: mientras cualquier ciudadano enfrenta vencimientos impositivos, previsionales o administrativos con escaso margen para incumplimientos, los funcionarios nacionales vuelven a recibir tiempo extra para informar de qué patrimonio disponen y cuál fue la evolución de sus bienes durante el último año.
Un mensaje que genera debate
La nueva prórroga reabre un debate que atraviesa a todas las administraciones: la necesidad de que quienes ejercen cargos públicos rindan cuentas de manera oportuna y transparente.
Las declaraciones juradas no constituyen un trámite burocrático más. Son uno de los instrumentos centrales para prevenir el enriquecimiento ilícito, detectar incompatibilidades y permitir el control ciudadano sobre quienes toman decisiones en nombre del Estado.
Con esta nueva extensión, el Gobierno nacional volvió a postergar un compromiso que la propia normativa considera esencial para garantizar la integridad de la función pública. Y lo hace en un contexto donde la transparencia dejó de ser un discurso para convertirse en una de las principales demandas de una sociedad que exige saber no sólo cómo gobiernan sus funcionarios, sino también cómo evolucionan sus patrimonios mientras ejercen el poder.
