“A mí no me gustaría que me designen así”: fuerte crítica al nombramiento de la nueva jueza de Familia

Por FM Provincia, el letrado analizó la resolución del Superior Tribunal de Justicia, que aceptó el nombramiento luego de haber rechazado inicialmente la propuesta elevada por el Consejo de la Magistratura.

“Respecto del proceso de selección, tengo que decir que ha sido sumamente irregular. Esta última acordada tiene costados de incoherencia, poca razonabilidad y hasta diría poca seriedad”, sostuvo.

El conflicto se inició cuando el Consejo de la Magistratura propuso a Guerrero para cubrir el juzgado vacante. El Superior Tribunal se negó inicialmente a designarla al considerar que no estaban suficientemente fundamentados los motivos por los cuales había sido elegida por sobre las demás postulantes.

Posteriormente, el Consejo amplió los fundamentos de su decisión y el máximo órgano judicial provincial resolvió avanzar con el nombramiento.

Para Aciar, esa modificación posterior expuso las debilidades del procedimiento. “El Consejo dijo que iba a hacer una acordada mejoradora de la anterior. Eso solo ya está diciendo que el proceso de selección no había sido regular y que no se bastaba a sí mismo”, remarcó.

El abogado afirmó que el Superior Tribunal mantuvo sus cuestionamientos sobre el sistema utilizado, pero igualmente terminó aceptando la candidatura. “Si acepto al candidato, lo acepto, y si no lo acepto, debería haberse aplazado el concurso. No es coherente decir que el sistema fue irregular y después designar a la misma persona”, planteó.

Aciar aclaró que sus observaciones no estaban dirigidas contra la capacidad profesional de Guerrero, sino contra el mecanismo institucional empleado para elegirla.

“A mí no me gustaría que me designen así, porque fue un proceso de ida y vuelta, con acuerdos en el medio, y después me nombran diciendo que la forma en que fui elegida no era la que debía ser”, expresó.

Según señaló, la situación también podría afectar los intereses legítimos de las demás personas que participaron del concurso, quienes podrían reclamar una nueva valoración de sus antecedentes y desempeño.

“Existe un manoseo del proceso de selección. El nombre de la candidata no interesa, porque podría haber sido cualquier otra persona”, subrayó.

El procurador consideró que todo el episodio dejó al descubierto una institucionalidad debilitada y un sistema de selección de magistrados con amplios márgenes de arbitrariedad.

En ese sentido, respaldó algunos puntos del nuevo proyecto de reglamento impulsado por el Superior Tribunal, que propone incorporar un sistema de puntajes para los antecedentes profesionales, académicos, el examen escrito y la entrevista personal.

“Me parece sumamente mejorador respecto del reglamento actual, porque disminuye los niveles de discrecionalidad, incorpora mayor objetividad y obliga a fundamentar cada valoración”, afirmó.

También recordó que durante más de tres décadas los concursos judiciales en Tierra del Fuego no contaron con un orden de mérito claro ni con calificaciones públicas que permitieran conocer por qué una persona era elegida por encima de otra.

“Antes se elegían jueces y nadie decía por qué. Ahora cada integrante deberá explicar los motivos y las razones de su decisión. Eso cambia todo el mecanismo”, destacó.

Aciar vinculó la discrecionalidad con la posible influencia política dentro de los procesos de selección y remarcó que la forma en que se nombran los jueces impacta directamente en la independencia judicial y en la vida cotidiana de toda la comunidad.

Además, puso el foco en la fecha de publicación de la acordada. El documento fue firmado digitalmente el 8 de julio, pero se conoció públicamente durante la feria judicial.

“No creo que sea casual que esto aparezca en época de receso. Si se dictó el 8 de julio, ¿por qué no se publicó ese mismo día?”, cuestionó.

El abogado advirtió que la sociedad debe prestar especial atención a estos procedimientos, debido a que los magistrados tienen la responsabilidad de resolver causas vinculadas con la libertad, los bienes, los conflictos familiares y los derechos fundamentales de los ciudadanos.