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Castelli celebró la designación de Guerrero y aseguró que ahora comienza el verdadero debate judicial - Red 23 Noticias - Tierra del Fuego

POLíTICA | 27 JUL 2026

ACUERDO INSTITUCIONAL

Castelli celebró la designación de Guerrero y aseguró que ahora comienza el verdadero debate judicial

El representante de los abogados ante el Consejo de la Magistratura, Marcelo Castelli, confirmó que quedó resuelto el conflicto institucional por la designación de María Elena Guerrero como jueza de Familia y Minoridad de Ushuaia y sostuvo que ahora deberá comenzar una discusión profunda para modificar el sistema de selección de magistrados en Tierra del Fuego.




Por FM del Pueblo, Castelli señaló que la designación pudo destrabarse luego de las reuniones mantenidas entre los integrantes del Consejo de la Magistratura y los cinco miembros del Superior Tribunal de Justicia.

“Afortunadamente, mediante el intercambio entre las partes logramos resolver el conflicto y hacer efectiva la decisión del Consejo respecto de la doctora Guerrero”, expresó.

La abogada fue designada mediante una acordada firmada el 8 de julio y solamente resta que preste juramento y tome posesión del Juzgado de Primera Instancia de Familia y Minoridad N° 1 del Distrito Judicial Sur.

“En cuanto a la doctora Guerrero, no hay ningún problema pendiente. Ya está designada y ahora falta la toma de juramento”, aclaró Castelli.

Un nuevo reglamento para elegir jueces

El representante de los abogados explicó que, durante las reuniones desarrolladas para resolver el conflicto, también se asumió el compromiso de avanzar en una nueva reglamentación para los concursos de selección de magistrados.

Castelli sostuvo que el sistema vigente debe ser mejorado para incorporar criterios más objetivos, transparentes y previsibles al momento de evaluar a los candidatos.

“Tenemos que ponernos a trabajar, buscar los puntos de encuentro entre los proyectos, discutir las diferencias y tratar de obtener el mejor reglamento de selección de magistrados que podamos lograr”, afirmó.

Actualmente existen al menos dos iniciativas formales. Una fue presentada por el representante de los abogados del Distrito Judicial Sur, Alejandro Pagano Zavalía, mientras que la segunda fue remitida por el Superior Tribunal de Justicia junto con la acordada que confirmó la designación de Guerrero.

Además, Castelli indicó que los legisladores Victoria Vuoto y Jorge Lechman también se encontraban trabajando en otra propuesta vinculada con el sistema de concursos.

El debate por los puntajes

Los proyectos coinciden en la necesidad de establecer puntajes para cada una de las etapas del proceso, aunque presentan diferencias respecto de la cantidad total y del valor que tendría cada instancia.

La propuesta impulsada por Pagano Zavalía plantea un esquema de 220 puntos, distribuidos entre los antecedentes, el examen, las entrevistas y las restantes evaluaciones. El proyecto remitido por el Superior Tribunal estaría organizado sobre una base diferente.

“Lo que se deberá discutir es qué mayor o menor puntuación se le asignará a cada una de las etapas del proceso”, explicó Castelli.

El objetivo central será reducir los márgenes de discrecionalidad y permitir que la selección pueda sustentarse en criterios verificables.

“Se busca tener más objetividad, fortalecer la institucionalidad de los consejeros y garantizar la legalidad de las designaciones”, remarcó.

Castelli defendió el rol del Consejo

Uno de los puntos centrales de la discusión será el alcance del control que puede ejercer el Superior Tribunal sobre las decisiones tomadas por el Consejo de la Magistratura.

Castelli defendió que la Constitución provincial reconoce al Consejo como el órgano encargado de seleccionar y proponer a los magistrados.

“La selección y la propuesta corresponden al Consejo de la Magistratura. Cuando la Constitución habla de designación, el Superior Tribunal puede controlar que no exista una irregularidad manifiesta, un defecto o la falta de algún requisito”, sostuvo.

Sin embargo, advirtió que el máximo tribunal provincial no debería realizar una segunda evaluación completa sobre los candidatos ya seleccionados.

“No puede ejercer un doble control porque eso no está previsto constitucionalmente. De lo contrario, pierde sentido la creación misma del Consejo de la Magistratura”, afirmó.

La controversia por Guerrero se había iniciado luego de que el Superior Tribunal rechazara la propuesta del Consejo al considerar insuficientes los fundamentos utilizados para elegirla por encima de otras postulantes.

Tras una ampliación de esos argumentos y diferentes reuniones institucionales, la designación fue aceptada.

Una discusión que recién comienza

Castelli consideró que la resolución del caso Guerrero permitió superar el conflicto puntual, pero abrió una discusión de mayor profundidad sobre el futuro de los concursos judiciales.

El verdadero debate estará centrado en establecer qué organismo tiene la potestad de seleccionar, cuáles serán los límites del control posterior y de qué manera se calificarán los antecedentes, exámenes y entrevistas de cada aspirante.

El representante aclaró además que no ocupa su lugar por decisión del Colegio de Abogados, sino que fue elegido mediante el voto de los profesionales y funcionarios judiciales de su jurisdicción.

“Los representantes de los abogados somos elegidos por todos los abogados de la jurisdicción y también participan los funcionarios del Poder Judicial”, precisó.

Con la designación de Guerrero resuelta, el Consejo de la Magistratura deberá analizar las distintas iniciativas y avanzar en la elaboración de un reglamento que brinde mayor objetividad, transparencia y seguridad institucional en la elección de los futuros jueces de Tierra del Fuego.