En diálogo con FM La Isla, el profesional explicó que la presentación realizada ante la Justicia Federal busca determinar cómo se generaban, validaban, facturaban y cobraban prestaciones que, según denunció, no se habrían realizado.
“La investigación empieza donde se generaban las órdenes”, sostuvo Mariño Camacho, al describir el circuito que, según afirmó, involucra a prestadores, controles administrativos, auditorías y pagos efectuados por el organismo nacional.
El médico señaló que, a partir de la documentación reunida, pudieron reconstruir la trazabilidad de al menos dos tipos de estudios, entre ellos prácticas de fertilidad y biofeedback anorrectal. Según remarcó, en ese recorrido “falló toda la cadena”.
“Falló la cadena de auditoría, falló la cadena de contrataciones, falló la prestación, falló el pago. Falló todo”, afirmó.
Mariño Camacho explicó que el punto inicial de la maniobra, según la denuncia, estaría en las órdenes médicas electrónicas que se emitían para prestaciones que luego no se concretaban. En ese sentido, indicó que la presentación judicial apunta contra el lugar donde se generaban esas órdenes y contra quienes habrían intervenido en el circuito posterior.
El profesional mencionó especialmente el caso de estudios de fertilidad solicitados a mujeres mayores de 60 años, una práctica que calificó como médicamente inviable.
“No vas a hacerle a una mujer de 60 años un estudio para que quede embarazada”, expresó.
También volvió a referirse al biofeedback anorrectal, una práctica que, según aseguró, no podía realizarse en la isla por falta del equipamiento necesario. En ese punto, sostuvo que fiscalización sanitaria habría comprobado que el aparato no existía en los establecimientos observados.
“El biofeedback es un aparato que acá en la isla no existe. Es básico”, afirmó.
Mariño Camacho aseguró que, pese a las advertencias y denuncias realizadas, las órdenes continuaron emitiéndose durante meses. Según relató, la primera denuncia fue presentada en octubre de 2025 y las órdenes vinculadas al biofeedback recién habrían dejado de generarse en julio de 2026.
“Para que veas la impunidad que se maneja, después de esa declaración siguieron emitiendo órdenes del mismo estudio”, señaló.
El gastroenterólogo contó que tomó conocimiento de las irregularidades cuando el entonces auditor local del PAMI, Juan Silvente, le advirtió que no autorizaría más estudios de biofeedback porque figuraban vinculados al módulo de gastroenterología que él tenía a cargo.
Según explicó, esa situación le llamó la atención porque su servicio no realizaba esa práctica.
“Ahí empiezo a investigar y me entero que los biofeedback eran realizados por un grupo de urólogos, que en realidad no realizaban el estudio, realizaban una simulación para justificar que hacían algo”, sostuvo.
El médico también remarcó que las prestaciones eran validadas, transmitidas y posteriormente cobradas por el prestador. En ese sentido, afirmó que el pago se habría efectuado al centro médico MEDICI, que luego distribuía los montos correspondientes dentro del esquema prestacional.
“Yo tengo las facturas, por eso sé que lo pagaron. Se validaba, se transmitía, se facturaba y se cobraba”, aseguró.
Mariño Camacho sostuvo además que el perjuicio económico podría ser mucho mayor al estimado inicialmente. Según dijo, solo en las irregularidades detectadas dentro de MEDICI, el cálculo podría rondar los 500 millones de pesos, aunque aclaró que la denuncia incluye otros servicios y prácticas que deberán ser analizados por la Justicia.
“Denunciamos biofeedback, estudios ginecológicos de fertilidad, laboratorio, oftalmología, quirófano y códigos de urología. La denuncia fue bastante amplia”, detalló.
El profesional también cuestionó el funcionamiento de los controles internos del PAMI y aseguró que, pese a haber presentado pruebas, facturas y documentación, no hubo una respuesta efectiva para frenar las prácticas denunciadas.
“Una cosa es que se te pase una orden, no se te van a pasar cien. Si ves cien estudios, tenés que levantar la oreja”, afirmó.
En otro tramo de la entrevista, Mariño Camacho indicó que la causa ya se encuentra en manos de la Justicia Federal y que continuará impulsando nuevas auditorías e investigaciones.
“La Justicia siempre fue el fin. Lo hicimos público porque ya no encontrábamos otra manera”, expresó.
Por último, confirmó que entre los señalados en la denuncia aparecen el centro médico MEDICI, el doctor Rolando Sosa, un urólogo del CEMEP y el exresponsable del PAMI en Tierra del Fuego, Fernando Polici, entre otros posibles involucrados que deberán ser determinados en el marco de la investigación judicial.
“Esto es una caja de Pandora”, advirtió Mariño Camacho, al sostener que lo descubierto hasta ahora sería apenas una parte de un esquema mucho más amplio.