Arcando explotó por el negocio energético: “No jodamos, acá hay plata de los fueguinos”

Arcando comenzó dejando en claro que Ushuaia necesita de manera urgente una nueva central eléctrica, pero remarcó que justamente por tratarse de una infraestructura estratégica el nivel de información debería ser mucho mayor.

“Ushuaia necesita urgentemente una nueva central eléctrica. Nadie puede discutir la necesidad de garantizar energía suficiente, segura y confiable para los próximos años, pero el Gobierno tiene la obligación de explicar todo”, sostuvo.

Uno de los principales puntos que puso bajo la lupa fue la turbina General Electric que será utilizada en el proyecto y que, según se conoció, se trata de un equipo usado y reacondicionado. Arcando aclaró que esa condición no significa necesariamente que sea inservible, pero exigió precisiones técnicas.

“La pregunta es quién la reacondicionó, bajo qué procedimiento y con qué certificación”, planteó. Además, pidió conocer dónde funcionó anteriormente, cuántos años tiene, las horas de operación acumuladas, su vida útil remanente y qué pruebas técnicas superó antes de ser trasladada a Ushuaia.

También reclamó saber quién responderá económica y técnicamente si la turbina presenta fallas dentro de dos, cinco o diez años, y si la garantía recaerá sobre General Electric, la empresa china involucrada, Terra Ignis o directamente sobre el Estado provincial.

Arcando vinculó el escenario actual con una experiencia ocurrida durante la gestión de Rosana Bertone, cuando ocupaba la Vicegobernación. Recordó que en aquel momento se decidió dar de baja un acuerdo con una empresa china tras detectar, entre otras cuestiones, condiciones económicas desfavorables y equipamiento usado.

“Otra vez estamos hablando de los mismos actores y otra vez aparecen materiales usados”, señaló.

Para el exmandatario, la principal preocupación no pasa solamente por la construcción de la central, sino por el modelo de negocio que podría quedar establecido posteriormente. Indicó que la empresa involucrada no solo participaría del financiamiento y la construcción, sino también de la puesta en marcha, operación, mantenimiento y explotación comercial.

Por eso reclamó respuestas concretas: “¿Quién será el propietario de la usina? ¿Quién venderá la energía? ¿Quién estará obligado a comprarla? ¿A qué precio? ¿En qué moneda? ¿Durante cuántos años?”

En ese punto fue especialmente duro con los argumentos vinculados a supuestas cláusulas de confidencialidad en los contratos.

“Cuando vos tenés el dinero de los fueguinos en el medio, la confidencialidad pasa por otro lado. Acá hay recursos de la provincia”, afirmó.

Arcando sostuvo que, incluso si existen cuestiones reservadas, los legisladores deberían poder acceder a toda la documentación mediante los mecanismos previstos por la Cámara.

“Si hay cuestiones de confidencialidad, existe la reunión secreta. Los legisladores pueden jurar que esa información no va a salir, pero tienen que conocer concretamente qué está pasando”, remarcó.

Fue entonces cuando lanzó una de las frases más contundentes de la entrevista: “Yo no quiero descubrir el contrato cuando llegue la primera factura de energía eléctrica. La energía no puede administrarse mediante cláusulas reservadas y anuncios publicitarios. No jodamos, acá hay plata de los fueguinos”.

El exgobernador aclaró que no cuestiona la llegada de inversiones extranjeras, sino las condiciones bajo las cuales podría quedar comprometida durante décadas la generación eléctrica de Ushuaia.

“Una cosa es recibir capitales para construir una central y otra muy diferente es comprometer por décadas la operación y la explotación comercial de la energía de la ciudad”, manifestó.

Además, advirtió que las consecuencias económicas de esos contratos podrían terminar reflejándose directamente en las tarifas que pagan los usuarios.

“La inversión podrá ser privada, pero las tarifas y las consecuencias las pueden terminar pagando todos los fueguinos”, apuntó.

Arcando también planteó interrogantes sobre el terreno provincial involucrado en la iniciativa y reclamó conocer qué recibe Tierra del Fuego a cambio de poner activos públicos a disposición del proyecto.

“Terra Ignis aporta un terreno provincial. Yo, como fueguino, tengo derecho a saber qué recibe la Provincia a cambio”, expresó.

Incluso dejó abierta la discusión acerca de una eventual privatización parcial o indirecta de la generación energética y pidió establecer con claridad qué rol tendrá en el futuro la Dirección Provincial de Energía.

“Hay que saber si la usina actual queda simplemente como reserva fría y cuál va a ser realmente el papel de la Dirección Provincial de Energía”, sostuvo.

Arcando fue más allá y advirtió que los acuerdos sobre infraestructura estratégica deben garantizar que los organismos provinciales mantengan capacidad plena de fiscalización.

“¿La Dirección Provincial de Energía va a poder entrar? ¿Los organismos de control? ¿La Legislatura va a poder inspeccionarla libremente? ¿O van a tener que pedir autorización a la empresa que opere?”, preguntó.

En esa línea, planteó uno de los escenarios que considera necesario evitar: “¿Vamos a tener una central ubicada en suelo fueguino pero fuera del control efectivo de los fueguinos?”

Para Arcando, el antecedente del radar instalado en Tolhuin debería servir como advertencia respecto de las consecuencias que puede generar la falta de información pública desde el inicio de proyectos considerados estratégicos.

“Con el radar inglés todos después se hacían los desentendidos, pero las habilitaciones existían y se sabía de todo. Necesitamos que esto sea mucho más transparente para que no nos pase lo mismo”, afirmó.

El exvicegobernador insistió en que su postura no apunta a frenar una inversión necesaria para resolver los problemas energéticos de Ushuaia, sino a garantizar que la sociedad conozca las condiciones económicas, técnicas y jurídicas que acompañan el proyecto.

“No cuestiono una obra necesaria. Cuestiono la falta de transparencia sobre un negocio que puede condicionar durante décadas a todos los fueguinos”, remarcó.