Pérez reclama que los recursos de la matriz productiva lleguen a Río Grande

La discusión sobre el futuro productivo de Tierra del Fuego volvió a quedar atravesada por una pregunta que adquiere cada vez mayor peso en Río Grande: ¿para qué se creó el Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva (FAMP) si la ciudad que concentra buena parte de la industria fueguina atraviesa una crisis cada vez más profunda de empleo?

El interrogante fue planteado por el intendente Martín Perez, quien cuestionó el manejo que se está haciendo de los recursos del fondo y reclamó que la herramienta sea utilizada para atender la situación que atraviesan miles de trabajadores y sus familias.

El planteo aparece en un momento particularmente delicado para la ciudad. Según describió el jefe comunal, Río Grande pasó de contar con alrededor de 15 mil trabajadores ocupados en la industria a unos 5 mil, una caída que dimensiona la profundidad de la transformación que atraviesa el entramado productivo local.

No se trata solamente de una estadística laboral.

En una ciudad cuya economía está fuertemente vinculada a la actividad industrial, cada puesto que se pierde tiene un efecto que se extiende hacia los comercios, los servicios, el consumo y, finalmente, hacia las propias cuentas municipales.

Un fondo pensado para cambiar la matriz productiva

El FAMP nació precisamente con el objetivo de generar inversiones que permitan ampliar y diversificar la matriz productiva fueguina, utilizando aportes vinculados al régimen de promoción industrial.

En sus primeros años, el fondo permitió financiar iniciativas para Río Grande. Entre ellas se encontraban la modernización del Parque Industrial, la adquisición de tierras para un frigorífico municipal y líneas de crédito destinadas a productores, comercios y pequeñas empresas.

Por eso, la discusión planteada ahora por Pérez apunta directamente al corazón de la herramienta.

El intendente sostiene que en un escenario de emergencia laboral el fondo debería tener capacidad para responder también a las consecuencias inmediatas de la pérdida de empleo, además de financiar proyectos de infraestructura o inversiones productivas de largo plazo.

La propuesta de un “escudo” para los trabajadores

El Municipio ya había presentado ante el FAMP una propuesta para crear un esquema de sostenimiento de ingresos para trabajadores desvinculados de la industria, acompañado por capacitación y herramientas de reconversión laboral.

La iniciativa contempla un ingreso durante un período determinado o hasta la reinserción laboral, vinculado al cumplimiento de instancias de capacitación orientadas hacia nuevas actividades productivas.

La lógica es sencilla: si el fondo tiene como finalidad ampliar la matriz productiva, también debería poder contribuir a que quienes hoy quedan afuera de la industria tengan una posibilidad concreta de incorporarse a nuevos sectores.

Pérez volvió a reclamar que esa propuesta sea considerada.

Y lo hizo frente a una realidad que, según explicó, ya está desbordando la capacidad de respuesta del Estado municipal.

Cuando la crisis industrial llega a las puertas del Municipio

La pérdida de empleo dejó de ser exclusivamente un problema de las fábricas.

El Municipio viene registrando un incremento en la demanda de asistencia para alimentos, alquileres y servicios básicos. A eso se suman situaciones de angustia e incertidumbre entre trabajadores despedidos, para quienes también se pusieron a disposición equipos de salud mental.

Uno de los grupos que más preocupa es el de trabajadores de entre 45 y 50 años que, después de muchos años vinculados a la actividad industrial, encuentran enormes dificultades para volver a ingresar al mercado laboral.

Es allí donde el debate sobre el FAMP adquiere una dimensión diferente.

No se discute solamente qué obra financiar o qué inversión aprobar. Se discute qué herramientas existen para evitar que una persona que perdió su empleo industrial quede directamente fuera del sistema.

Pérez cuestionó dónde terminan los recursos

Uno de los puntos más fuertes de las declaraciones del intendente fue su cuestionamiento a la distribución territorial de algunas inversiones.

Pérez rechazó el argumento de que Río Grande no recibe mayores recursos por falta de proyectos y señaló que inversiones impulsadas por empresas radicadas en la ciudad terminaron orientándose hacia emprendimientos hoteleros en Ushuaia.

Su planteo fue directo: si los recursos excedentes del FAMP van a ser utilizados por las empresas en otras ciudades, Río Grande debería contar con herramientas específicas para enfrentar la emergencia laboral que está atravesando.

La discusión instala así otro elemento: la distribución territorial de los beneficios derivados del régimen de promoción y su impacto sobre las ciudades que sostienen la estructura industrial de la provincia.

Una crisis que también interpela a las empresas

Pérez también dirigió parte de sus críticas hacia el sector privado y reclamó mayor responsabilidad por parte de las empresas beneficiarias del régimen de promoción.

El planteo aparece en medio de una discusión más amplia sobre el futuro de la industria fueguina, luego de las medidas nacionales que redujeron aranceles y ampliaron la competencia de productos importados.

Desde la mirada del intendente, no alcanza con discutir la continuidad del régimen: también es necesario preguntarse qué compromiso asumen las empresas que reciben sus beneficios con el empleo, la inversión y el desarrollo de Tierra del Fuego.

El desafío es qué hacer con una ciudad que perdió miles de empleos

La discusión de fondo excede al FAMP.

Río Grande enfrenta una transformación de su estructura económica que obliga a pensar qué actividades pueden reemplazar o complementar a una industria que durante décadas fue el principal motor del empleo y del consumo.

La apertura de importaciones, la caída de la actividad y la pérdida de puestos de trabajo están modificando ese escenario.

Por eso, la discusión que plantea Pérez no se limita a pedir recursos.

Apunta a definir qué modelo productivo quiere tener Tierra del Fuego y qué lugar ocupará Río Grande dentro de ese proyecto.

Porque si el FAMP fue creado para ampliar la matriz productiva, la pregunta inevitable es si sus recursos están llegando a los lugares donde la crisis productiva se siente con mayor intensidad.

Y hoy, en Río Grande, esa crisis tiene un rostro concreto: miles de trabajadores que dejaron de estar en las fábricas, familias que perdieron ingresos y una ciudad que necesita nuevas oportunidades laborales antes de que la emergencia social siga creciendo.

La discusión que queda planteada

El reclamo de Pérez vuelve a colocar al FAMP en el centro de una discusión que Tierra del Fuego no puede postergar.

¿Los recursos de la ampliación de la matriz productiva deben financiar solamente nuevas inversiones o también pueden convertirse en una herramienta para proteger a los trabajadores que quedaron afuera del sistema industrial?

Para el intendente de Río Grande, la respuesta parece clara: en un momento de emergencia, los recursos disponibles tienen que servir también para proteger el empleo y sostener a las familias.

La discusión recién comienza, pero el dato que la empuja es contundente: una ciudad que llegó a tener cerca de 15 mil trabajadores industriales hoy habla de unos 5 mil.

Ese número, más que cualquier discurso, explica por qué el destino del FAMP volvió a convertirse en una cuestión central para el futuro de Río Grande.