¿Por qué no se utiliza la conciliación obligatoria para volver a clases?

Hay momentos en los que un conflicto deja de ser solamente un conflicto entre dos partes.

Lo que ocurre hoy con la educación pública de Tierra del Fuego es uno de ellos.

El paro docente por tiempo indeterminado ya atravesó la primera semana y el gremio anunció que continuará con la medida.  SUTEF informó que el conflicto llevaba ocho días y que las clases no se habían reiniciado después del receso escolar, desde el gobierno no se dice nada.

Hoy, 13 de agosto, la situación sigue sin una solución.

Y mientras Gobierno y sindicato continúan enfrentados por salarios, descuentos y condiciones laborales, hay una tercera parte que no participa de la negociación pero que está pagando el costo más alto: los estudiantes.

El problema ya no es solamente el paro

Tierra del Fuego llegó al final del receso invernal con una situación educativa particularmente delicada.

El calendario escolar había sido extendido con tres semanas de vacaciones y, cuando finalmente llegó el momento de regresar a las aulas, el paro por tiempo indeterminado impidió que ese regreso se concretara de manera normal.

Para muchos chicos y chicas, entonces, las vacaciones terminaron pero las clases tampoco comenzaron.

Y eso transforma la discusión.

Porque una cosa es discutir legítimamente el salario docente y otra muy diferente es aceptar que el sistema educativo pueda permanecer paralizado indefinidamente sin que el Estado encuentre una herramienta para encauzar el conflicto.

¿Dónde está el Estado que debe arbitrar?

Esta es quizás la pregunta más incómoda.

El Gobierno provincial tiene la responsabilidad política de administrar el sistema educativo, garantizar su funcionamiento y, al mismo tiempo, negociar con los trabajadores.

Y el Ministerio de Trabajo tiene una responsabilidad institucional en los conflictos laborales.

Entonces, frente a una medida que ya lleva más de una semana y amenaza con prolongarse indefinidamente, ¿por qué no se exploran con mayor firmeza todas las herramientas de conciliación disponibles?

No se trata de desconocer el derecho de huelga.

Tampoco de negar la legitimidad de los reclamos salariales.

Se trata de preguntarse qué hace el Estado cuando un conflicto laboral se prolonga hasta afectar un servicio esencial para miles de familias.

Hay antecedentes.

En 2008, durante otro conflicto docente en Tierra del Fuego, la autoridad laboral dictó una instancia obligatoria de conciliación entre SUTEF y el Gobierno provincial y estableció el cese de las medidas de acción directa mientras avanzaban las negociaciones. La propia resolución fundamentó la intervención en el impacto que el conflicto tenía sobre la prestación del servicio educativo.

Es decir: la herramienta ya fue utilizada en Tierra del Fuego.

La pregunta entonces no es si alguna vez pudo hacerse.

La pregunta es por qué hoy no aparece una iniciativa institucional de similar contundencia para intentar destrabar el conflicto.

Conciliar no significa darle la razón a ninguna de las partes

Este punto es fundamental.

Una conciliación obligatoria no debería ser interpretada como una victoria del Gobierno sobre SUTEF ni como una derrota del sindicato.

Debería ser entendida como una pausa institucional para volver a sentar a las partes frente a frente.

El gremio podría defender sus reclamos.

El Gobierno podría explicar sus posibilidades presupuestarias.

Y mientras tanto, los chicos podrían volver a las aulas.

Ese debería ser el objetivo.

Porque tampoco resulta razonable pensar que la única forma de resolver el conflicto sea esperar a que una de las partes se desgaste hasta ceder.

SUTEF también tiene una responsabilidad

Una editorial que pretenda hablar de educación pública no puede mirar solamente hacia el Gobierno.

SUTEF reclama una recomposición salarial, cuestiona los descuentos por medidas de fuerza y exige una propuesta que otorgue previsibilidad hasta febrero de 2027. También reclama que cualquier recomposición alcance a los jubilados docentes.

Son reclamos que forman parte de una discusión laboral legítima.

Pero también existe una responsabilidad frente a la comunidad.

El derecho de huelga es constitucional; el derecho de los chicos a educarse también merece ser protegido.

La prolongación indefinida de una medida de fuerza termina enfrentando dos derechos que el Estado debería ser capaz de compatibilizar.

Y cuanto más tiempo pasa, más difícil resulta recuperar las horas perdidas.

¿Cuánto tiempo educativo se puede perder?

Esta debería ser la pregunta que atraviese toda la discusión.

No solamente cuánto dinero puede pagar el Estado.

No solamente cuánto está dispuesto a resignar SUTEF.

Sino cuántos días de clase más pueden perder los estudiantes fueguinos.

Porque cada jornada que no se dicta no desaparece del calendario educativo como si nada.

Se pierde una explicación.

Una práctica.

Una evaluación.

Una instancia de aprendizaje.

Un encuentro entre docentes y estudiantes.

Y para quienes ya vienen arrastrando dificultades educativas, la interrupción prolongada puede tener consecuencias todavía mayores.

El Gobierno no puede limitarse a esperar

El conflicto también expone una responsabilidad política del Ejecutivo provincial.

Gobernar no consiste solamente en administrar los recursos disponibles.

También significa anticipar los conflictos, generar canales de negociación y utilizar las herramientas institucionales cuando una situación amenaza con prolongarse indefinidamente.

Si la negociación no alcanza, hay que buscar una instancia superadora.

Si una propuesta salarial fue rechazada, debe aparecer otra.

Si existen dificultades presupuestarias, deben explicarse.

Y si las posiciones están trabadas, alguien debe asumir el rol de árbitro.

Lo que no parece sostenible es que las partes permanezcan enfrentadas mientras las escuelas continúan vacías.

Los chicos no pueden quedar atrapados en una negociación interminable

Hay una imagen que debería incomodar a toda la dirigencia política y sindical:

un niño que debería estar entrando a la escuela y, en cambio, permanece en su casa porque los adultos responsables de resolver el conflicto no consiguen encontrar una salida.

No se trata de responsabilizar individualmente a docentes ni de desconocer sus reclamos.

Se trata de recordar que detrás de cada jornada de paro hay miles de familias que deben reorganizar su vida y miles de estudiantes que pierden oportunidades de aprendizaje.

Y cuanto más se prolonga el conflicto, más difícil será recuperar ese tiempo.

La salida no puede ser esperar

SUTEF acaba de ratificar la continuidad del paro por tiempo indeterminado y convocó nuevamente a la docencia a organizar asambleas y concentraciones en Ushuaia, Río Grande y Tolhuin.

Es decir, no hay señales de que el conflicto vaya a resolverse por agotamiento en las próximas horas.

Por eso la pregunta debe dirigirse al Estado.

¿Qué está esperando el Gobierno?

¿Una nueva semana sin clases?

¿Una nueva escalada del conflicto?

¿Que las familias pierdan definitivamente la paciencia?

¿Que docentes y funcionarios lleguen a un punto en el que ya no exista margen para negociar?

Hay herramientas institucionales para intentar evitar ese escenario.

Y existe un antecedente concreto en la propia provincia.

Alguien tiene que tomar la iniciativa

La educación fueguina necesita que alguien asuma el costo político de intentar una salida.

Si la propuesta salarial no alcanza, habrá que mejorarla.

Si los recursos no son suficientes, habrá que explicar cómo se distribuyen y qué alternativas existen.

Si el gremio considera insuficiente la oferta, deberá sostener sus argumentos en la mesa.

Pero la mesa tiene que existir y tiene que funcionar.

Porque el peor escenario para Tierra del Fuego no es que Gobierno y SUTEF discutan.

El peor escenario es que dejen de discutir mientras los chicos siguen sin clases.

La conciliación obligatoria, si legalmente corresponde y la autoridad laboral considera que están dadas las condiciones, no debería ser vista como una amenaza para ninguna de las partes. Puede ser, precisamente, una oportunidad para suspender la escalada, recuperar el diálogo y devolver a los docentes a las aulas mientras continúa la negociación.

La educación pública no puede ser rehén de una negociación sin final.

Pero tampoco puede sostenerse una educación de calidad con docentes que sienten que sus salarios no alcanzan.

Por eso la salida tiene que ser política, institucional y urgente.

Que se sienten. Que negocien. Que cedan. Que encuentren un punto de acuerdo.

Pero que los chicos vuelvan a las aulas.

Porque el tiempo que se pierde en una mesa de negociación puede recuperarse. El tiempo educativo de una infancia que pasa sin aprender, no siempre.