Siete meses de intervención y una disputa que ahora pone los fondos bajo la lupa

USHUAIA.- La intervención del Puerto de Ushuaia atraviesa una nueva etapa. A casi siete meses de que el Gobierno nacional asumiera el control administrativo de la terminal, el conflicto ya no se limita a la discusión entre Nación y Provincia por las competencias sobre el puerto. La situación de los trabajadores desplazados, el manejo de los recursos generados por la actividad, las contrataciones realizadas y el destino de los fondos quedaron incorporados a una discusión que ahora también tiene una instancia judicial.

La medida fue adoptada el 20 de enero de 2026 por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), mediante la Resolución 4/2026, que dispuso la suspensión de la habilitación del Puerto de Ushuaia por 12 meses, prorrogables mediante un acto fundado, y ordenó simultáneamente su intervención administrativa.

La decisión nacional fue fundamentada en las observaciones surgidas de una inspección realizada el 30 de septiembre y el 1 de octubre de 2025. Según la resolución, la ANPyN consideró que los descargos presentados por la Dirección Provincial de Puertos no permitieron desvirtuar los hallazgos vinculados con la situación de la terminal. Entre los argumentos oficiales aparecen cuestiones financieras, infraestructura y condiciones de seguridad operativa.

La Agencia sostuvo además que la ubicación de Ushuaia, su cercanía con la Antártida y su participación en actividades logísticas, turísticas y científicas le otorgan al puerto una importancia estratégica para el país. Precisamente por esa condición, la resolución decidió diferir la ejecución de la suspensión de la habilitación para evitar afectar la operatoria habitual, particularmente durante la temporada de cruceros 2025-2026.

El punto de quiebre

La intervención modificó el esquema de administración de la terminal y puso bajo control nacional la gestión operativa, técnica y administrativa de la infraestructura alcanzada por la resolución. La norma estableció que la unidad ejecutora debía garantizar la continuidad de los servicios mínimos, la seguridad portuaria y el cumplimiento de las normas vigentes.

La propia resolución facultó además a la Gerencia de Coordinación Técnica de la ANPyN a solicitar colaboración de la entonces Administración General de Puertos (AGP) para las tareas vinculadas con la intervención, incluyendo aspectos relacionados con la administración de los fondos vinculados con la operación y explotación del Puerto de Ushuaia.

Desde Tierra del Fuego, la interpretación fue completamente diferente. El Gobierno provincial cuestionó los fundamentos de la medida y sostuvo que la intervención constituye un avance sobre las facultades provinciales y sobre la autonomía de la jurisdicción.

La Provincia promovió una acción declarativa de inconstitucionalidad contra la decisión nacional. El conflicto judicial se mantiene abierto y se transformó en uno de los principales puntos de tensión institucional entre ambos gobiernos.

 

EL IMPACTO SOBRE LOS TRABAJADORES

Detrás de la disputa administrativa quedó además una situación laboral que generó fuertes cuestionamientos.

El informe televisivo difundido por C5N, que volvió a instalar el conflicto en la agenda nacional, recogió testimonios de trabajadores de la Dirección Provincial de Puertos que describieron el operativo del 20 de enero y las consecuencias posteriores. Cristina Mercado relató que fue retirada de su lugar de trabajo durante la intervención, mientras otra trabajadora describió el temor provocado por el desplazamiento.

Según ese informe, alrededor de 140 trabajadores y sus familias quedaron afectados por la situación y permanecieron fuera de sus puestos habituales mientras aguardaban definiciones. Otros testimonios incorporados al informe describieron el impacto emocional y económico producido por la prolongación del conflicto.

Hay, sin embargo, una diferencia que debe quedar claramente establecida. La Resolución 4/2026 señala expresamente que la intervención no implica transferencia de personal ni cambios en las relaciones de empleo vigentes. La norma habla de la puesta a disposición momentánea de personal idóneo para garantizar la prestación de los servicios portuarios.

Por lo tanto, la situación denunciada por los trabajadores y las disposiciones formales de la intervención constituyen dos aspectos diferentes del mismo conflicto.

La pregunta por el dinero

Con el paso de los meses, uno de los principales interrogantes comenzó a concentrarse en los recursos generados por la terminal.

El tema adquirió una nueva dimensión a partir de una resolución del juez federal Federico Calvete, que ordenó a la ANPyN y a la AGP brindar información sobre los ingresos, gastos, contrataciones, cuentas bancarias y transferencias vinculadas con el Puerto de Ushuaia durante la intervención.

La decisión judicial surgió a partir de un pedido de acceso a la información pública. El magistrado consideró admisible el amparo y estableció un plazo de diez días hábiles para que los organismos presenten el informe y la documentación correspondiente.

El requerimiento no se limita a conocer cuánto dinero ingresó al puerto. También busca reconstruir qué gastos se realizaron, qué contrataciones fueron efectuadas, qué cuentas bancarias intervinieron y qué transferencias se realizaron durante el período bajo administración nacional.

De esta manera, una parte central de las acusaciones y cuestionamientos que hasta ahora circulaban en el ámbito político y periodístico pasará a ser contrastada con documentación oficial dentro de un expediente judicial.

La Justicia, en esta instancia, no determinó que haya existido un manejo irregular de los fondos. Lo que hizo fue ordenar que la información sea entregada y que los organismos expliquen por qué determinados datos solicitados previamente no habrían sido proporcionados de manera completa.

Contrataciones que generan interrogantes

Las contrataciones realizadas durante la intervención constituyen otro de los puntos cuestionados.

El informe de C5N puso como ejemplo el servicio de limpieza. Según el testimonio recogido, antes de la intervención existía un contrato por aproximadamente 6,5 millones de pesos mensuales, mientras que posteriormente se impulsó una contratación semestral por 563 millones de pesos.

La existencia de una contratación por ese último monto cuenta con respaldo documental. En julio fue publicada oficialmente una licitación por $563.376.000 más impuestos para el mantenimiento edilicio y la limpieza integral del Puerto de Ushuaia, con una duración de seis meses.

La diferencia entre ambos valores es, por sí misma, un dato que merece ser explicado, pero no permite concluir automáticamente que exista sobreprecio o una irregularidad. Para determinarlo sería necesario conocer el alcance exacto de cada contratación, los servicios incluidos, las condiciones contractuales, la actualización de costos y el procedimiento utilizado para la adjudicación.

Ese es precisamente uno de los aspectos que podrá ser analizado a partir de la información que la Justicia ordenó entregar.

El informe televisivo también mencionó adquisiciones vinculadas con sistemas de seguridad y otros equipamientos, además de plantear interrogantes sobre los vínculos empresariales alrededor de la terminal. Esos señalamientos fueron formulados en el marco del programa y no constituyen, por sí mismos, hechos acreditados judicialmente.

Qué dice Nación sobre el puerto

Para comprender la posición del Gobierno nacional también resulta necesario volver a la resolución que originó la intervención.

La ANPyN sostuvo que el Puerto de Ushuaia presentaba una situación que requería una reorganización y normalización, especialmente en materia de seguridad e infraestructura. El organismo señaló que la medida buscaba garantizar el funcionamiento de la terminal y corregir las deficiencias detectadas.

La autoridad nacional también fundamentó su intervención en las facultades que le atribuye el régimen portuario argentino. La Resolución 4/2026 cita la Ley 24.093 y sostiene que los puertos comerciales o industriales vinculados con el comercio internacional o interprovincial están sometidos al régimen nacional y a los controles de las autoridades competentes, sin perjuicio de las competencias constitucionales locales.

La ANPyN consideró además que existía un interés público comprometido que justificaba la intervención administrativa y que la medida debía permitir recomponer las condiciones de seguridad y resolver el déficit de infraestructura detectado.

Qué sostiene Tierra del Fuego

La posición provincial parte de una premisa diferente. Para Tierra del Fuego, el problema no es solamente la existencia o inexistencia de deficiencias en la terminal, sino quién tiene autoridad para administrarla.

El Gobierno fueguino considera que la intervención afecta las competencias provinciales y cuestiona que el Estado nacional haya asumido el control de una infraestructura que pertenece a la jurisdicción fueguina.

En el informe difundido por C5N, la secretaria Legal y Técnica de la Provincia, Mariángeles Arroyo, sostuvo que Tierra del Fuego quedó privada de los ingresos generados por el puerto mientras continuaba afrontando compromisos vinculados con los trabajadores afectados por la intervención.

La disputa institucional, por lo tanto, tiene un componente económico concreto. Mientras Nación administra la terminal, la Provincia reclama por el control de una infraestructura que considera propia y por los recursos que genera.

Un puerto estratégico para la Antártida

La importancia del Puerto de Ushuaia explica también por qué la discusión adquirió una dimensión que excede la relación entre dos administraciones.

La propia ANPyN reconoce en su resolución que la ubicación de Ushuaia en el Atlántico Sur y su cercanía con la Antártida convierten a la terminal en un punto estratégico para el abastecimiento antártico y las campañas científicas. También destaca su importancia para el turismo y la logística.

El informe de C5N profundizó esa mirada y vinculó la ubicación del puerto con los intereses existentes en el Atlántico Sur y con la actividad antártica. También incorporó referencias a la presencia estadounidense en la región y a la importancia geopolítica del extremo austral argentino.

En este punto también corresponde separar los hechos comprobables de las interpretaciones. Que Ushuaia tenga importancia estratégica y antártica está reconocido por el propio Estado nacional. En cambio, las hipótesis sobre eventuales intereses empresariales o geopolíticos detrás de la intervención forman parte del debate político y periodístico y no pueden presentarse como una conclusión probada.

 

LA JUSTICIA COMIENZA A PONER EL OJO BAJO LA LUPA

El nuevo escenario judicial puede modificar el curso de la discusión

Hasta ahora, buena parte del debate sobre los fondos, las contrataciones y el funcionamiento económico de la terminal se desarrollaba a partir de denuncias, declaraciones políticas y reclamos de acceso a la información.

La resolución del juez Calvete introduce ahora una obligación concreta para los organismos nacionales. ANPyN y AGP deberán presentar documentación sobre ingresos, gastos, contrataciones, cuentas y transferencias y explicar los antecedentes vinculados con los pedidos de información que no habrían sido respondidos de manera completa.

Ese material permitirá reconstruir con mayor precisión qué ocurrió con los recursos generados por el puerto desde el comienzo de la intervención y qué decisiones administrativas fueron tomadas durante estos meses.

No se trata todavía de una resolución sobre la existencia de irregularidades. Es, en cambio, un paso que puede aportar información objetiva a una discusión que hasta ahora estuvo atravesada por fuertes acusaciones de ambas partes.

Una disputa que todavía no tiene desenlace

La intervención fue concebida originalmente por 12 meses y puede ser prorrogada mediante un acto fundado. Mientras tanto, la ANPyN continúa ejerciendo funciones sobre la terminal y adoptando decisiones relacionadas con su funcionamiento.

En estos casi siete meses, el conflicto incorporó nuevos elementos. A la disputa institucional inicial se sumaron el reclamo de los trabajadores, la discusión por los fondos, los cuestionamientos sobre contrataciones y, ahora, una orden judicial para que los organismos nacionales informen cómo se administraron los recursos.

El informe difundido por C5N volvió a colocar el Puerto de Ushuaia en la agenda nacional y expuso testimonios y denuncias que hasta ahora habían tenido principalmente circulación en Tierra del Fuego.

Pero el verdadero alcance del conflicto comenzará a conocerse con mayor precisión cuando aparezca la documentación que la Justicia acaba de exigir.

Porque detrás de la discusión sobre quién administra el puerto hay preguntas mucho más concretas que todavía esperan respuesta: cuánto dinero genera la terminal, dónde se deposita, cómo se utiliza, qué contrataciones se realizaron, qué ocurrió con los trabajadores y qué alcance tendrá finalmente la intervención nacional.

Son esos datos, más que las acusaciones cruzadas, los que permitirán determinar qué ocurrió durante estos meses y cuál será el futuro de una infraestructura que ocupa un lugar central en la economía de Ushuaia, en la actividad antártica y en la estrategia argentina sobre el Atlántico Sur.