Cejas aseguró que Tolhuin actuó desde el primer momento y pidió la demolición

Cejas relató que funcionarios municipales participaron de la reunión de la Comisión Especial Investigadora que analiza las responsabilidades vinculadas con la instalación del radar en estancia El Relincho. Allí, el intendente Daniel Harrington, junto a integrantes de su equipo, presentó documentación y detalló las actuaciones realizadas desde que el Municipio tomó conocimiento de la obra.

“La obra jamás fue habilitada. Nunca fue habilitada, nunca ni siquiera contó con un permiso para ningún tipo de avance de obra”, remarcó la funcionaria.

Según explicó, el Municipio tomó conocimiento de la construcción durante recorridas por la zona y, tras constatar que se encontraba dentro del ejido urbano de Tolhuin, comenzó a actuar de oficio.

Intimación, multa y clausura

Cejas señaló que, una vez detectada la obra, se realizaron las intimaciones correspondientes para que los responsables presentaran la documentación y regularizaran la construcción.

Al comprobarse que la obra no contaba con autorización, el Municipio avanzó con el procedimiento administrativo correspondiente.

“El Municipio actuó de oficio, hizo la intimación correspondiente, aplicó la infracción y clausuró la obra. La empresa desconoció esa acción y siguió construyendo”, aseguró.

La secretaria aclaró que el Municipio no podía ingresar por la fuerza al predio ni derribar directamente las instalaciones, ya que debía respetar los procedimientos administrativos y judiciales previstos por la normativa vigente.

Explicó que cualquier actuación por fuera de esas reglas podría haber perjudicado posteriormente las acciones judiciales iniciadas contra la empresa.

“El Municipio no puede ir con una topadora o una máquina y pasar por arriba porque sería violación a la propiedad privada. El procedimiento está normado por ordenanza y es el que estamos obligados a seguir”, sostuvo.

Pedido de demolición

Uno de los puntos centrales de la estrategia municipal fue el pedido de demolición de la estructura.

Cejas explicó que la Unidad Administrativa de Control de Faltas consideró que la construcción continuaba en infracción y que además podía representar un riesgo, por lo que se avanzó con las sanciones correspondientes.

El Municipio impulsó posteriormente el cobro judicial de la multa y solicitó como pena accesoria la demolición de la obra.

“Lo más importante, que nos interesa a todos los habitantes de la provincia, es el desarme. Nosotros tuvimos la posibilidad de imponer la pena accesoria de demolición y entendemos que eso va a garantizar el desarme”, señaló.

La causa vinculada con la demolición se encuentra actualmente en manos del Superior Tribunal de Justicia.

Durante la entrevista se informó además que el 23 de septiembre está prevista una audiencia entre el Municipio de Tolhuin y la empresa, instancia que será clave para definir cómo continúa el proceso.

No saben si el radar funciona

Otro de los interrogantes alrededor de LeoLabs tiene que ver con el funcionamiento actual del equipamiento.

Consultada sobre si el radar continúa operativo, Cejas reconoció que el Municipio no puede determinarlo.

“Esa es la certeza que no tenemos. Nosotros no tenemos esa certeza, por eso nos sigue preocupando que todavía esté ahí la construcción intacta”, afirmó.

Explicó que el Municipio carece de las competencias y del personal técnico específico necesario para determinar si un radar de esas características puede funcionar o ser operado de manera remota.

Según Cejas, esa verificación corresponde a organismos provinciales y nacionales especializados, ya que excede las facultades municipales.

También señaló que en los registros del Municipio no existe constancia de que se haya comunicado oficialmente una solicitud relacionada con conexiones necesarias para la obra.

“No pedimos permiso a nadie”

Cejas también respondió a los cuestionamientos y especulaciones que surgieron durante los últimos años sobre cuál había sido el rol del Municipio frente a la instalación del radar.

“Nosotros, para ejercer nuestra competencia, en ningún momento pedimos permiso a nadie”, aseguró.

En ese sentido, defendió que la Municipalidad se mantuvo dentro de su poder de policía y siguió los procedimientos establecidos por las ordenanzas.

“Escuchamos especular a un montón de actores políticos sobre qué hizo Tolhuin, qué no hizo, qué permitió y qué no permitió. El Municipio cumplió, hizo valer su poder de policía y todo lo hizo dentro de sus competencias”, expresó.

La funcionaria destacó además que las actuaciones administrativas realizadas desde el comienzo permitieron generar documentación que hoy resulta fundamental para la Comisión Especial Investigadora.

“Si el Municipio no hubiese actuado de oficio, estaría todo mucho más en el aire. No habría información concreta ni expedientes para ver qué otros organismos habían dado autorizaciones oportunamente”, sostuvo.

Para Cejas, el procedimiento desarrollado fue “impecable” desde el punto de vista administrativo y judicial, y permitió que actualmente pueda reconstruirse cómo avanzó la instalación de LeoLabs y qué organismos intervinieron.

Mientras la comisión continúa analizando las responsabilidades políticas e institucionales vinculadas con el radar, Tolhuin sostiene que nunca autorizó la obra y mantiene vigente su reclamo judicial para que la estructura sea demolida.