El secretario general de ATE Tierra del Fuego, Carlos Hipólito Córdoba, recuperó este jueves la libertad luego de que el Superior Tribunal de Justicia provincial revocara la prisión preventiva que se había dispuesto tras la condena a cinco años de prisión efectiva dictada en su contra.
La decisión del máximo tribunal fueguino establece que Córdoba permanezca en libertad mientras continúe el trámite de casación y la sentencia no quede firme. La medida fue adoptada bajo caución juratoria y contempla el establecimiento de las reglas de conducta que deberá cumplir durante esta etapa del proceso.
El fallo fue unánime y contó con el voto del juez Javier Muchnik, al que adhirieron los magistrados Ernesto Löffler, María del Carmen Cristiano y Gonzalo Sagastume. La resolución también tuvo dictamen favorable del fiscal ante el Superior Tribunal de Justicia, Eduardo Urquiza.
Uno de los puntos centrales de la resolución fue la valoración de la conducta que Córdoba mantuvo durante el proceso.
El Superior Tribunal consideró que no se acreditó de manera concreta la existencia de riesgo de fuga ni peligro de intimidación o entorpecimiento, por lo que entendió que no estaban dadas las condiciones para sostener la prisión preventiva mientras la condena continúa siendo revisada.
La decisión se apoyó además en criterios jurisprudenciales establecidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación respecto del carácter excepcional de la prisión preventiva, con referencia a los precedentes Donamaria y Loyo Fraire.
De esta manera, el tribunal diferenció la situación cautelar de Córdoba de la cuestión de fondo: la libertad otorgada no implica una absolución ni deja sin efecto la condena dictada en mayo.
Córdoba había sido condenado el 29 de mayo de 2026 a cinco años de prisión efectiva como coautor de 22 hechos de estafa vinculados con el plan de 128 viviendas impulsado por ATE en el barrio Barrancas del Río Pipo, en Ushuaia. Por la misma causa también recibió una pena de cinco años Miguel Ángel “Miguelón” Arana.
Tras la lectura de la sentencia, ambos fueron detenidos. Sin embargo, la condena todavía no está firme y actualmente atraviesa la instancia de casación.
Los hechos por los cuales Córdoba fue condenado corresponden a operaciones realizadas entre diciembre de 2013 y fines de 2017 y estuvieron vinculados con la comercialización irregular de lugares dentro del proyecto habitacional de ATE.
De acuerdo con los fundamentos de la sentencia difundidos posteriormente, el tribunal consideró acreditado un esquema mediante el cual se comercializaban lugares en el programa habitacional utilizando falsas promesas de adjudicación.
La resolución del Superior Tribunal modifica la situación de detención de Córdoba, pero no modifica por ahora la pena de cinco años impuesta por el Tribunal de Juicio.
El expediente regresará al Tribunal de Juicio del Distrito Judicial Sur, que deberá hacer efectiva la liberación y establecer las condiciones que deberá cumplir Córdoba mientras continúa el proceso.
Si en las instancias posteriores la condena fuera confirmada y adquiriera firmeza, la situación judicial cambiaría y Córdoba podría volver a prisión para cumplir la pena impuesta.
Por ahora, el dirigente sindical está en libertad mientras la Justicia define si la condena queda firme.
La decisión del STJ introduce así un nuevo capítulo en una causa que desde hace años tiene fuerte impacto en el ámbito sindical y político de Tierra del Fuego: Córdoba deja la prisión, pero la discusión judicial sobre la condena por las 22 estafas continúa abierta.