Tras la liberación de Córdoba, Paderne apuntó al juicio: “La condena es nula”

En declaraciones a FM La Isla, Paderne aclaró que Córdoba es cliente del estudio y que Maximiliano Hercole fue el abogado que llevó específicamente adelante la nueva estrategia defensiva luego de la sentencia condenatoria.

El letrado explicó que cuando asumieron la representación del dirigente de ATE, Córdoba ya había sido condenado y se encontraba detenido bajo prisión preventiva, pese a que la sentencia todavía no estaba firme.

“Lo primero que advertimos fue que el Tribunal Oral había tenido un fallo, en lo que respecta a la prisión preventiva, que entendíamos que no estaba fundado en derecho”, señaló.

Según explicó, la defensa consideró que antes de discutir una eventual prisión domiciliaria correspondía directamente solicitar la excarcelación, debido a que Córdoba había atravesado todo el proceso en libertad y no existían elementos concretos que demostraran riesgo de fuga o entorpecimiento de la investigación.

Paderne remarcó que el Superior Tribunal terminó respaldando ese criterio. “No hay ninguna condición que haya variado antes del debate que justifique que Carlos Córdoba esté preso”, sintetizó sobre el alcance de la resolución.

Además, destacó que Córdoba “siempre estuvo a derecho”, se presentó cada vez que fue requerido por la Justicia y no obstaculizó el desarrollo de la causa.

Para el abogado, el fallo del STJ resulta relevante porque reafirma jurisprudencia provincial y nacional respecto del carácter excepcional de la prisión preventiva cuando una condena todavía se encuentra sometida a revisión.

“Hoy su principio de inocencia no ha sido vulnerado y esto es lo que ha reconocido el Superior Tribunal de Justicia”, sostuvo Paderne, quien calificó la resolución como “ejemplar”.

La defensa ahora apunta contra la condena

Superada la discusión sobre la libertad de Córdoba durante el trámite judicial, Paderne puso el foco sobre el expediente principal y aseguró que existen argumentos para cuestionar la validez del proceso que terminó con la condena a cinco años de prisión.

Uno de los principales planteos de la defensa está relacionado con la participación del Instituto Provincial de Vivienda durante una etapa clave del expediente.

Paderne explicó que, al finalizar la instrucción, las partes debían realizar el correspondiente requerimiento de elevación a juicio. Según sostuvo, el IPV, constituido como querellante, no efectuó ese requerimiento dentro de la oportunidad procesal correspondiente, lo que habría limitado posteriormente su capacidad para impulsar determinadas decisiones.

En ese contexto, recordó que el Ministerio Público Fiscal había planteado una salida con un techo punitivo de dos años y ocho meses de prisión de cumplimiento condicional, pero el IPV se opuso y el Tribunal de Juicio hizo lugar a esa postura.

Para la actual defensa de Córdoba, ese punto resulta determinante.

“El IPV no tenía ese derecho. Lo había perdido”, aseguró Paderne.

Según su interpretación, al permitir esa intervención se produjo una irregularidad que afectó todo lo sucedido posteriormente.

“Todo ese proceso está viciado de nulidad”, afirmó.

Consultado sobre qué consecuencias tendría una eventual aceptación de ese planteo, el penalista fue todavía más categórico: “La condena es nula, tienen que retraer hasta el momento del requerimiento fiscal. Es el último acto procesal válido”.

Paderne señaló que este planteo forma parte de los agravios incorporados por la defensa en la instancia de casación. Indicó que dos de los tres agravios fueron admitidos, mientras que el tercero fue rechazado por el Tribunal de Juicio, por lo que la defensa presentó una queja para intentar incorporarlo a la revisión ante el Superior Tribunal.

“Nunca vi una defensa tan errática”

Durante la entrevista, Paderne también cuestionó con fuerza la estrategia desarrollada por la representación legal anterior de Córdoba.

“Tengo más de 40 años de profesión. Nunca vi una defensa tan errática como la que tuvo Carlos”, manifestó.

El abogado aclaró que no pretendía realizar un juicio personal sobre quienes habían intervenido anteriormente, aunque calificó técnicamente aquella estrategia como “absolutamente ineficaz”.

Entre los puntos cuestionados mencionó que inicialmente se había planteado una prisión domiciliaria cuando, desde su interpretación, correspondía discutir directamente la procedencia de la prisión preventiva y reclamar la libertad.

“Si pedís una prisión domiciliaria, estás consintiendo el dictado de una prisión preventiva”, explicó.

El STJ todavía no analizó el fondo

Pese a sus fuertes cuestionamientos contra la condena, Paderne realizó una aclaración central: la decisión del Superior Tribunal que permitió la liberación de Córdoba no anticipa ningún criterio respecto de la validez de la sentencia a cinco años.

Ante la consulta sobre si el reciente fallo podía interpretarse como una señal favorable para la casación, el abogado rechazó esa posibilidad.

“La sentencia de hoy se ocupa específicamente del incidente excarcelatorio. No se puede vincular una cosa con otra ni se debe”, afirmó.

De esta manera, Córdoba continuará en libertad mientras avanza la revisión judicial, pero la discusión sobre la condena sigue abierta y deberá resolverse en una instancia diferente.

La defensa pretende ahora que el Superior Tribunal analice los agravios planteados contra el juicio y determine si existieron las nulidades denunciadas.

Así, luego de conseguir que Córdoba abandone la prisión mientras su sentencia permanece sin firmeza, el estudio jurídico concentra ahora su estrategia en intentar revertir la condena de cinco años por los 22 hechos de estafa vinculados al plan de viviendas de ATE en Ushuaia.