USHUAIA.- El malestar de los comerciantes de Ushuaia crece frente a la continuidad del acampe docente instalado sobre la calle San Martín, una de las principales arterias comerciales de la ciudad. Las entidades que representan al sector privado advirtieron que la protesta genera un perjuicio directo sobre comercios, hoteles, restaurantes y prestadores de servicios que dependen del movimiento diario de vecinos y turistas.
La preocupación no está puesta en el reclamo salarial de los docentes ni en el derecho a manifestarse, sino en el lugar elegido para llevar adelante la protesta y en el impacto que provoca sobre la actividad comercial. Para los empresarios, mantener bloqueado durante días un sector estratégico de la ciudad significa poner trabas al ingreso de clientes y reducir el movimiento en establecimientos que ya atraviesan un escenario económico complejo.
El enojo se profundizó porque, según plantearon las cámaras, las consecuencias del conflicto terminan recayendo sobre comerciantes, trabajadores y prestadores que no forman parte de la disputa entre el sector docente y el Gobierno provincial.
Los referentes empresarios remarcaron que detrás de cada local hay empleados, proveedores y familias que dependen de los ingresos generados por la actividad. En ese sentido, advirtieron que una caída en las ventas no representa solamente un menor movimiento comercial, sino dificultades concretas para afrontar alquileres, servicios, impuestos, proveedores y salarios.
La calle San Martín concentra una importante cantidad de comercios y constituye además un corredor de circulación para quienes recorren el centro de Ushuaia. Por ese motivo, el sector privado considera que la permanencia del acampe genera un efecto que excede el espacio ocupado por la protesta y termina afectando a buena parte del movimiento económico de la zona.
Las cámaras empresarias reclamaron entonces que los docentes busquen otras alternativas para sostener sus medidas de fuerza sin bloquear el funcionamiento de los comercios. El planteo fue formulado desde una posición de creciente malestar ante lo que consideran una afectación innecesaria de la actividad privada.
Los empresarios evitaron cuestionar el derecho de los trabajadores de la educación a reclamar y manifestarse, pero insistieron en que ese derecho debe convivir con el de quienes necesitan trabajar y mantener sus fuentes de ingresos.
En ese marco, reclamaron que el conflicto encuentre una vía de solución y que el acampe sea levantado de la principal arteria comercial de Ushuaia. Para el sector privado, prolongar la protesta en ese punto implica trasladar el costo de una disputa salarial a comerciantes, empleados y familias que también enfrentan las dificultades de la actual situación económica.
El pedido apunta a que el reclamo docente pueda continuar por canales que no comprometan el funcionamiento de una actividad que, según las entidades empresarias, resulta fundamental para sostener empleos y mantener en marcha la economía local.