Ushuaia destina más de $55 millones para inundar las redes con videos de gestión

La Municipalidad de Ushuaia vuelve a quedar bajo la lupa por el uso de fondos públicos destinados a potenciar su presencia en las redes sociales.

No se trata simplemente de una publicación institucional o de informar a los vecinos sobre un servicio. El esquema que surge de las resoluciones oficiales muestra una estrategia sostenida para multiplicar el alcance de los contenidos municipales y llevarlos masivamente a las pantallas de los fueguinos.

Sería entendible —e incluso auspicioso— destinar recursos a las redes para promocionar Ushuaia como destino turístico, mostrando sus paisajes, atractivos y propuestas hacia potenciales visitantes. Pero el objetivo que se desprende de esta estrategia parece ser otro: maquillar la gestión ante los propios vecinos y el electorado provincial, en lugar de utilizar esa inversión para proyectar la ciudad hacia afuera y atraer turismo.

Videos cuidadosamente producidos, imágenes aéreas, música épica, relatos de gestión y una estética cada vez más cercana a una pieza cinematográfica forman parte de una comunicación que busca instalar permanentemente la imagen del Municipio en las redes.

Y hacerlo cuesta millones.

De acuerdo con los montos identificados en las resoluciones analizadas durante 2026, la suma alcanza $55.666.910,13 entre contrataciones y pagos vinculados con Facebook y Google.

Millones para que la gestión aparezca una y otra vez

El mecanismo resulta sencillo: el Municipio produce contenidos y luego destina recursos para que esos materiales tengan una llegada mucho mayor que la que conseguirían mediante la publicación orgánica en sus propias cuentas.

De esta manera, un video institucional no queda limitado a quienes siguen las redes oficiales de la Municipalidad. Mediante la inversión en las plataformas, puede aparecer reiteradamente en los teléfonos de miles de usuarios.

La pregunta entonces no es solamente cuánto cuesta producir un video, sino cuánto se paga para que ese video aparezca una y otra vez frente a los vecinos.

Y allí aparece el dato que genera mayor preocupación: son fondos municipales los que permiten financiar esa expansión de contenidos en las redes.

Una gestión convertida en espectáculo audiovisual

La estética utilizada en buena parte de estos contenidos tampoco parece casual.

Planos aéreos de la ciudad, imágenes de obras, trabajadores, paisajes, música épica, edición dinámica y relatos que presentan los avances de la gestión construyen una narrativa audiovisual que excede la comunicación de un trámite o de un servicio.

Es una verdadera puesta en escena de la gestión pública.

El problema no es que un Municipio comunique lo que hace. El Estado tiene la obligación de informar.

El interrogante aparece cuando una parte significativa de los recursos públicos se utiliza para amplificar permanentemente una determinada narrativa sobre la gestión, en un contexto donde cada peso municipal debería tener una justificación clara frente a las necesidades de los vecinos.

¿Cuánto cuesta aparecer en la pantalla de cada fueguino?

Los más de $55,6 millones identificados durante 2026 permiten abrir una discusión que va mucho más allá de Facebook o Google.

¿Cuánto cuesta cada campaña? ¿Cuántas personas alcanzó? ¿Cuántas veces apareció el mismo contenido? ¿Qué criterios se utilizan para decidir qué videos se impulsan? ¿Cuánto de ese contenido responde a una necesidad de información pública y cuánto tiene como objetivo instalar una imagen positiva de quienes gobiernan?

Son preguntas legítimas cuando el dinero utilizado pertenece a los contribuyentes.

Porque una cosa es informar a los vecinos y otra es pagar para que la gestión aparezca masivamente en sus teléfonos.

Los fondos públicos también tienen prioridades

Ushuaia atraviesa, como el resto de Tierra del Fuego, un escenario económico complejo. Las demandas de los barrios, el mantenimiento de la ciudad, las obras, los servicios y las necesidades cotidianas compiten por recursos limitados.

En ese contexto, resulta inevitable preguntarse si decenas de millones de pesos destinados a multiplicar videos de gestión en las redes sociales representan una prioridad adecuada.

La comunicación institucional es necesaria. La promoción permanente de una gestión, en cambio, abre otro debate.

Y ese debate debería darse con absoluta transparencia.

Porque detrás de cada video que aparece en el teléfono de un vecino, detrás de cada producción audiovisual que intenta mostrar una ciudad pujante y una administración eficiente, hay algo que no debería perderse de vista:

La factura la pagan los vecinos.

Y cuando se utilizan recursos públicos para inundar las redes con producciones cinematográficas y épicas de una gestión, la sociedad tiene derecho a saber cuánto se gasta, para qué se gasta y, sobre todo, quién termina siendo el verdadero destinatario de esa comunicación: el vecino o la construcción de una imagen política.